El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido a Francia más información para conocer el contenido que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el control interno del software Pegasus. Ha acordado esta diligencia en el marco la causa que lleva el nombre de dicho software, abierta a raíz de la infección llevada a cabo en los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura.
En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha acordado emitir una orden europea de investigación dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de Paris para recabar información sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI).
En un auto, recogido por Europa Press, el instructor explica que los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional ponen de manifiesto que «el análisis de la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no aporta ninguna novedad sobre los datos que han podido ser extraídos de los teléfonos infectados, ya que el código dañino no deja registros de actividad en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control».
Según apunta, dichos informes expresan que el uso de software de tipo ‘spyware’ comercial «hace prácticamente imposible la atribución e identificación del actor de la amenaza causante del ataque por medios técnicos, más allá de la coincidencia de parte de la infraestructura utilizada y el uso de un correo electrónico concreto para atacar los dispositivos objeto de estas actuaciones y los analizados por las autoridades francesas».
Así las cosas, los informes del CNI concluyen que «resulta imposible precisar relación alguna o vinculación de las infiltraciones a los teléfonos móviles objeto de la investigación judicial en Francia con la de los dispositivos móviles objeto de investigación en la presente causa».
De ahí que ahora Calama considere que el avance de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional requiere «llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas».
REITERA LA COMISIÓN ROGATORIA A ISRAEL
De forma paralela, el magistrado ha emitido una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Israel en la que reitera la necesidad de contar con la información solicitada a NSO Group y la declaración testifical de su consejero delegado con el fin de poder identificar a los autores de los hechos.
En este sentido, Calama insiste en la petición que ya realizó en 2022. El instructor indica que, en cumplimiento de los Convenios, Protocolos y Acuerdos vigentes en materia de asistencia penal, Israel debería dar cumplimiento a las diligencias interesadas o bien a exteriorizar las razones de su negativa.
Por último, en una providencia, el juez acuerda dar traslado a las autoridades judiciales de Francia de los informes emitidos por el Centro Criptológico Nacional-CNI para que, a la vista de su contenido puedan interesar, en su caso, una información complementaria.
