Han pasado tres décadas desde la Reforma Constitucional de 1994, que reconoció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y con la aclaración de contar con facultades propias de legislación y jurisdicción. Aquella reforma, producto la participación de todo el arco político, equiparó jurídicamente a la Ciudad con las provincias y reconoció a los porteños el derecho a elegir a sus autoridades, dictar sus propias leyes y organizar la administración de justicia, conforme lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional.
De esta manera concluyo el largo conflicto de la cuestión capital, y el régimen impuesto en 1880 luego de sangrientos combates, cuando se impuso a la Ciudad un régimen de ocupación propia de un territorio vencido: el Presidente de la Nación seria su gobernador y nombraría al Intendente, el Congreso seria la legislatura local y los jueces de derecho común serian designados sin participación de los ciudadanos.
Ahora esa triste experiencia llega a su fin y los porteños tendrán un gobierno propio con los tres poderes, como cualquier provincia. Será Buenos Aires, una ciudad estado como Hamburgo, Bremen o Berlín. Pero a pesar del mandato constitucional queda aún un camino por recorrer.
Estas cuestiones fueron objeto de debate en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a partir de la exposición de la subsecretaria de Justicia de la Ciudad, Natalia Gambaro, en un acto organizado por el Instituto de Derecho y Economía de dicha institución.
Treinta años después, la autonomía porteña sigue siendo un proceso incompleto. A pesar de la claridad de la Constitución, muchas competencias aún no fueron efectivamente transferidas. Quedan pendientes materias clave como la justicia civil, comercial, laboral y penal; organismos de relevancia institucional como la Inspección General de Justicia o el Registro de la Propiedad Inmueble; y ámbitos estratégicos como el Puerto de Buenos Aires o la Terminal de Ómnibus de Retiro.
En este camino, resulta fundamental el reciente fallo “Levinas” de la Corte Suprema, confirmado en “Haras El Moro”, que reafirmó la obligación de avanzar en el traspaso de competencias judiciales y cuestionó el estancamiento institucional en esta materia. Este pronunciamiento se suma a antecedentes como “Corrales”, “Nisman”, “Provincia de Córdoba”, “Mármol” y “Bazán”, todos ellos en línea con el reconocimiento de la autonomía porteña.
Completar el proceso de transferencia impactará directamente en la vida de los vecinos. Tener potestad para decidir sobre lo que ocurre en nuestro territorio permitirá actuar con mayor rapidez y eficiencia, evitando intermediarios y burocracia innecesaria. Una autonomía plena es sinónimo de cercanía con la gente y de soluciones más efectivas a sus problemas cotidianos.
La experiencia lo demuestra. La transferencia de la Policía a la órbita de la Ciudad permitió consolidar una fuerza propia enfocada en la seguridad local. Lo mismo ocurrió con el traspaso del Subte y de las 31 líneas de colectivos de circulación exclusiva en Buenos Aires. Cada una de estas experiencias evidenció que, cuando la Ciudad asume competencias, la gestión aumenta en eficiencia y es más, transparente y cercana. Esto es producto de la reducción de costos de transacción, una policía de seguridad local es necesariamente más activa y eficaz que única dirigida a la distancia por un funcionario federal, con una organización administrativa compleja.
La administración de justicia por magistrados nacionales crea un grave problema constitucional, porque los ciudadanos locales perdieron el derecho de nombrar su propios jueces con su procedimiento propio, y deben someterse a los que nombre el gobierno nacional. Se los priva de un derecho con que cuenta cualquier ciudadano en las demás provincias.
La discusión sobre si la Ciudad “puede” o “merece” esas competencias ya está saldada. La evidencia muestra que, cuando cuenta con las facultades necesarias, la Ciudad no solo está a la altura de las circunstancias, sino que mejora la vida de sus habitantes.
Se señaló durante el debate académico que el año pasado se sancionó una ley para poner en marcha un fuero laboral local, destinado a agilizar la resolución de conflictos y dar mayor previsibilidad a trabajadores y empleadores.
Asimismo, se creó la Comisión de Estudio y Análisis sobre la Transferencia de Competencias Judiciales Ordinarias, un ámbito de articulación con el Estado Nacional para garantizar un traspaso ordenado y efectivo. Este paso es clave para cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema en el precedente “Levinas”.
Avanzar en la autonomía no es una opción política: es cumplir con la Constitución y con los ideales republicanos. Los porteños merecen gozar plenamente de los mismos derechos que los habitantes de las demás provincias.
Consolidar la autonomía de la Ciudad es una prioridad constitucional que exige eliminar trabas, garantizar el traspaso de todas las competencias y consolidar una justicia ágil, eficaz y transparente. Se trata, en definitiva, de saldar una deuda histórica con quienes viven y transitan en Buenos Aires y de consolidar un modelo institucional moderno, eficiente y federal.
