Con presupuesto bonaerense prorrogado en los últimos dos años, se estima que la Legislatura provincial demanda para su funcionamiento la friolera de unos $152.059 millones. Se trata de la «caja» más grande de todos los parlamentos provinciales del país, cuyas normas de transparencia, después del escandaloso caso de Julio «Chocolate» Rigau -el puntero peronista descubierto sacando millones de pesos en un cajero automático de las cuentas de supuestos empleados de ese cuerpo del Estado- ha avanzado y poco y nada.
La indignación colectiva en 2023, previo a los comicios en los que fue electo Javier Milei, que provocó el caso fue apaciguándose conforme pasaron los meses y producto del recambio electoral, también cambiaron las autoridades de la Cámara de Diputados provincial, de donde provenían los supuestos empleados que «donaban» parte de su sueldo al puntero peronista, que se encuentra detenido a la espera del juicio oral.
Según datos de la Fundación Libertad del año pasado, la Legislatura bonaerense tendría un presupuesto de $152.059 millones. Y de acuerdo al informe de la entidad, el costo anual por legislador que tendría el cuerpo ascendería a unos $1.102 millones, casi $ 100 millones por mes.
Desde hace años, no obstante, el presupuesto del parlamento bonaerense viene siendo objeto de distintos cuestionamientos. No se sabe a ciencia cierta cuántos asesores tiene cada diputado o senador provincial ni su forma de contratación; hay por caso profesionales que prestan servicio vía «monotributo» que no serían objeto de ningún tipo de control.
Pero el caso «Chocolate» no permitió que avancen sobre la institución nuevas normativas de integridad y por eso se sucedieron quejas, por ejemplo, por la eliminación de la web oficial de las DDJJ patrimoniales de los legisladores y funcionarios políticos de la Legislatura.
El departamento de Legales de la Cámara baja provincial presentó en la causa que investiga la fiscal Betina Lacki un informe en el que deslinda responsabilidades y en el que asegura que los dueños de las tarjetas de débito eran empleados del cuerpo y que la Cámara no tuvo afectación patrimonial alguna.
Con todo, en mayo pasado pasado el juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, confirmó el pedido de juicio oral en la causa contra Julio “Chocolate” Rigau, dos dirigentes del massismo de la provincia de Buenos Aires y 43 presuntos empleados de la Legislatura bonaerense.
Atencio hizo lugar al pedido de la fiscal Lacki, quien estuvo a cargo de la instrucción desde el 8 de setiembre de 2023, cuando detuvieron a Rigau mientras juntaba dinero en un cajero del BAPRO, a 10 metros del palacio legislativo de La Plata. Tenía en su poder 43 plásticos que pertenecían a hombres y mujeres con contratos o vínculos laborales en la Cámara de Diputados de la Provincia.
“Chocolate” quedó detenido y se inició un proceso que develó una serie de maniobras que realizaba este dirigente histórico del peronismo platense, pero que sería un modelo que replicaba en otros espacios partidarios. Es el de la contratación de personal que no realiza o no tiene tareas específicas asignadas en las cámaras y que -a cambio de la obra social, la jubilación y o un porcentaje del dinero que le corresponde- dejan que se queden con la mayor parte del sueldo.
