La barrera de la calidad: un obstáculo silencioso para el desarrollo

En los debates sobre el desarrollo económico de América Latina y el Caribe (ALC), es común escuchar sobre las desigualdades relacionadas con el acceso a infraestructura, innovación o educación. Sin embargo, hay una brecha menos visible pero igual de importante que impide a las economías de la región integrarse plenamente en las cadenas globales de valor y mejorar su competitividad: la barrera de la calidad. Esta limitación estructural se traduce en que muchos productos y servicios no logran cumplir con los estándares técnicos, sanitarios, de procesos y de sostenibilidad exigidos por los mercados internacionales, afectando directamente el potencial de exportación, diversificación, industrialización y generación de empleo de calidad.

La barrera de la calidad puede definirse como el conjunto de obstáculos —tecnológicos, institucionales, regulatorios y culturales— que impiden a los sistemas productivos de la región alcanzar los niveles requeridos por las normas, certificaciones y estándares de calidad que les permitirían competir en los mercados más exigentes. Esto incluye desde las limitaciones institucionales asociadas conde metrología, normalización y certificación, hasta la escasa orientación hacia la mejora continua, la trazabilidad y la estandarización de procesos que caracteriza a la cultura empresarial.

En la práctica, esto significa que una pyme que produce alimentos orgánicos en Centroamérica puede tener un producto competitivo en sabor y precio, pero no logra exportarlo a la Unión Europea porque carece de una certificación reconocida internacionalmente o no cuenta con controles de calidad que aseguren la inocuidad del producto de manera sistemática. Así, toneladas de productos potencialmente exportables se quedan fuera de los mercados más rentables.

El peso de los estándares en las cadenas de valor

La creciente sofisticación de los mercados internacionales ha elevado los requisitos de calidad como condición de entrada. Según la Organización Mundial del Comercio, más del 60% de las barreras al comercio de mercancías no son arancelarias, sino técnicas o sanitarias, muchas de ellas relacionadas con normas de calidad. Los consumidores —y los compradores industriales— valoran atributos como trazabilidad, sostenibilidad ambiental, respeto a los derechos laborales, eficiencia energética o inocuidad alimentaria.

Esto ha consolidado un sistema de «calidad como un pasaporte», bajo el cual quien no cumple con ciertos requisitos, queda automáticamente excluido. En América Latina y el Caribe, la falta de capacidad técnica e institucional para cumplir con estas exigencias ha generado una segmentación en los sistemas productivos: pocas empresas logran escalar hacia mercados de alto valor, mientras la mayoría queda relegada a circuitos locales o informales, con bajo margen y escasa proyección.

Uno de los elementos más críticos de esta barrera es la débil infraestructura institucional de calidad. Esto incluye los sistemas nacionales de metrología, normalización, acreditación y evaluación de la conformidad, que son los pilares sobre los cuales se construyen los sistemas de calidad.

De acuerdo con un estudio del BID y el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania, apenas cinco países de la región —Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile— cuentan con sistemas institucionales de apoyo a la calidad desarrollados y articulados. En los demás países, se observan múltiples debilidades: escasos laboratorios acreditados, normas técnicas desactualizadas o no armonizadas con estándares internacionales, trámites costosos y engorrosos, y baja densidad de organismos de certificación reconocidos globalmente.

El resultado es una doble dependencia: las empresas deben recurrir a servicios de certificación en el extranjero (costosos y poco accesibles) o quedan directamente excluidas de los mercados internacionales.

Informalidad y calidad: un círculo vicioso

Ahora bien, la elevada informalidad que caracteriza a los sistemas productivos de la región es otro factor que alimenta la barrera de la calidad. Según la OIT, más del 50% de la fuerza laboral en América Latina trabaja en condiciones de informalidad, y en muchos países este porcentaje supera el 70%. Este fenómeno no solo implica la evasión de impuestos o la falta de protección laboral: también significa operar fuera de marcos regulatorios y de supervisión que garanticen estándares mínimos de calidad.

En contextos de informalidad, las empresas carecen de incentivos para invertir en procesos de mejora, certificación o innovación. Su prioridad es sobrevivir, no competir en calidad. Esto genera un círculo vicioso: la falta de calidad impide el acceso a mercados formales y de mayor valor, lo que a su vez perpetúa la informalidad y la baja productividad.

Además, la informalidad fragmenta las cadenas productivas, impidiendo una articulación eficiente entre proveedores, transformadores y comercializadores. Sin trazabilidad, sin procesos estandarizados, sin cumplimiento normativo, se pierde confianza en el sistema productivo, lo que debilita tanto la inserción externa como la integración regional.

El impacto económico de la baja calidad

Los costos de esta barrera son significativos. Un estudio de la CEPAL estima que solo el 10% de las microempresas y pymes exportadoras en América Latina cuentan con certificaciones internacionales reconocidas. Esto limita severamente la capacidad de escalar y diversificar las exportaciones regionales, que aún se concentran, en más de 60%, en productos primarios y recursos naturales.

También, hay una clara relación directa entre calidad y agregación de valor en las cadenas productivas. Las empresas certificadas presentan en promedio un 30% más de productividad laboral que aquellas que no lo están, según datos del BID. Esto se debe a que la calidad no solo abre mercados, sino que obliga a sistematizar procesos, reducir errores, mejorar logística y formar talento humano más calificado.

Adicionalmente, el cumplimiento de estándares internacionales permite acceder a nichos de mercado más rentables, como productos con denominación de origen, alimentos orgánicos, materiales reciclables o bienes con bajas emisiones de carbono. Estos mercados son particularmente importantes en un contexto de transición hacia una economía más verde y digital.

¿Qué se puede hacer?

Superar la barrera de la calidad no es una tarea sencilla, pero sí estratégica. Se requieren políticas públicas activas que combinen:

• Inversión en infraestructura de calidad: laboratorios, institutos de metrología, organismos de certificación y sistemas de trazabilidad.
• Fortalecimiento institucional mediante la construcción de capacidades de las agencias que promueven estándares y certificaciones, y la adecuación y actualización de las normativas asociadas.
• Armonización normativa regional, que permita escalar estándares comunes para facilitar el comercio intrarregional y reducir costos de cumplimiento, como se promueve por ejemplo en el marco de la OECD.
• Incentivos para la formalización, vinculando la certificación de calidad con acceso a financiamiento, compras públicas o beneficios fiscales.
• Programas de asistencia técnica y formación para pymes y cooperativas que busquen insertarse en cadenas globales o mercados más exigentes.

Adicionalmente, más allá de la política pública, es necesario promover acciones desde otras instancias, tales como:

• Desde el sector privado (empresas, gremios y otras iniciativas de articulación): promover la implementación de programas internos de mejora continua (como por ejemplo Kaizen, Six Sigma), y fomentar culturas organizacionales centradas en la calidad y la orientación al cliente, con perspectiva global.
• Desde la academia y los centros de investigación: impulsar investigaciones aplicadas en gestión de calidad y productividad, y establecer alianzas universidad-empresa para transferencia de conocimiento.
• Desde los organismos multilaterales: apoyar el fortalecimiento institucional, impulsar proyectos regionales de calidad y competitividad, y facilitar el acceso a financiamiento de iniciativas de capacitación, adopción de estándares y certificación.
• Desde la sociedad civil y los consumidores: promover las experiencias exitosas que puedan servir de ejemplo para impulsar una cultura orientada a la calidad, y fomentar el consumo responsable, así como la exigencia de estándares por parte de los consumidores.
• Desde la perspectiva multiactoral, las alianzas público-privadas que articulen a empresas, agencias de promoción comercial, universidades y organismos de cooperación, son espacios capaces de promover sinergias en el fortalecimiento de los sistemas de calidad.

Conclusión

La barrera de la calidad no es un problema menor ni un asunto técnico de nicho: es un obstáculo estructural para el desarrollo productivo de América Latina y el Caribe. Limita la competitividad, profundiza la informalidad, frena la innovación y restringe el acceso a mercados estratégicos. Superarla requiere una visión integral, de largo plazo, que entienda la calidad no como un lujo opcional, sino como un activo estratégico para el desarrollo sostenible. En un mundo donde la confianza, la trazabilidad y la excelencia son cada vez más valiosas, invertir en calidad es apostar por un futuro con más oportunidades, más productividad, más inclusión y calidad de vida para la región.

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