En la Patagonia se alza una antena de 35 metros de diámetro que China instaló en Bajada del Agrio en el marco de un acuerdo con Argentina del 2014. El operador es China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), una entidad del ejército chino que integra la Strategic Support Force (PLA SSF), responsable de misiones espaciales, cibernéticas y de inteligencia electrónica.
Esto significa que la instalación no tiene una gestión civil como lo estaría si la contraparte fuera la Agencia Espacial Civil China (CNSA).
Esta circunstancia ha acentuado dudas de si se trata de una instalación exclusivamente científica o si es parte de una avanzada de la infraestructura tecnológica y geopolítica de China en el Cono Sur. Aunque el Protocolo Adicional del 2016 establece explícitamente que tiene fines civiles y que no puede ser utilizada para propósitos militares, el secretismo entorno a la operación de la estación alimenta la desconfianza. También que la gobernanza no sea compartida con la Argentina o por la ausencia de auditorías técnicas que descarten funciones militares encubiertas.
En un mundo donde las fronteras entre lo civil y lo militar son cada vez más borrosas, pensar que una base de estas características es “solo ciencia” puede ser una ingenuidad. El Center for Strategic and International Studies (CSIS) lo confirma al señalar que además de instrumentos compatibles con misiones de espacio profundo, cuenta con capacidades que exceden el ámbito científico.
Destaca, por ejemplo, que la infraestructura le permite participar en la vigilancia de lanzamiento de misiles, control de trayectorias hipersónicas, apoyo a armas antisatélite y colaborar con redes de vigilancia global.
La visita de la entonces canciller Diana Mondino a la base desnudó las limitaciones argentinas para verificar la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo. La afirmación de no haber identificado presencia militar y la admisión de que, de existir tal presencia, seria “difícil de detectar”, refleja carencias de control sobre una infraestructura operada exclusivamente por personal chino. También expone una asimetría en la que el compromiso formal de uso pacífico contrasta con una capacidad casi nula de fiscalización, lo que incrementa sospechas.
Otro punto crítico son los beneficios prometidos para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que puede utilizar un 10% del tiempo operativo de la estación. Sin embargo, no hay información pública que permita evaluar si las visitas periódicas utilizan ese tiempo con regularidad, ni qué tipo de investigaciones se están encarando más allá de la observación del espacio profundo y de radioastronomía.
La falta de balance estratégico entre lo que Argentina cede y lo que recibe puede cuestionar la equidad del convenio y podría recomendar revaluar su conveniencia.
El enigma es lo que la base representa. En un eventual conflicto – sea tecnológico o militar – el predio en Neuquén podría ser interpretado como una extensión operativa de China en territorio latinoamericano. Esa percepción puede tener consecuencias que no se deberían subestimar. El problema, en definitiva, es no saber – ni poder saber- con certeza qué se hace allí.
La estación en Neuquén enfrenta un dilema recurrente en proyectos tecnológicos de vanguardia al comprometer soberanía y seguridad nacional. Argentina se encuentra en esa disyuntiva. Lo razonable sería renegociar el acuerdo o rescindirlo si no hubiera voluntad plena de China de mayor transparencia. Es hora de que la diplomacia encuentre formas que fortalezcan la confianza y la cooperación tecnológica. w
