La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convocó para el próximo 7 de julio, a las 12 del mediodía, una audiencia clave en la que se definirá si se mantienen o modifican las restricciones impuestas a las visitas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La audiencia se llevará a cabo en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en San José 1111.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, que al otorgarle la prisión domiciliaria, exigió una lista cerrada de personas habilitadas a ingresar al domicilio de la exmandataria. Entre las autorizaciones se encuentran familiares, abogados, médicos y personal de seguridad. Cualquier otra persona interesada en visitarla deberá contar con una aprobación judicial específica.
Ante lo que consideran un régimen excesivamente restrictivo, los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitaron que se flexibilicen las condiciones, pero su pedido fue rechazado por el TOF. Frente a esa negativa, la defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación, que ahora tendrá la responsabilidad de revisar la resolución.
Según fuentes judiciales, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña —los mismos que confirmaron la condena de la exmandataria en la causa Vialidad— escucharán a las partes durante la audiencia y dispondrán de cinco días hábiles para emitir un fallo. En tanto, ya se han presentado solicitudes de visita por parte de 44 diputados, 30 senadores y más de 700 ciudadanos particulares que pidieron autorización para ingresar al domicilio de la expresidenta.
La defensa sostiene que Cristina Kirchner, aun bajo prisión domiciliaria, conserva el derecho a mantener una vida social y política activa. En su presentación remarcaron que el régimen actual vulnera derechos esenciales como el contacto con amigos, allegados y asesores contables o administrativos. Además, destacaron su rol como titular del Partido Justicialista, argumentando que no puede impedírsele interactuar con dirigentes del ámbito nacional e internacional sin autorización judicial previa.
Mientras tanto, sigue pendiente otro recurso presentado por la defensa contra la imposición de una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento del arresto domiciliario. También permanece abierto el plazo para que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelen la prisión domiciliaria, medida a la que se habían opuesto desde un primer momento.
