La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que, a pedido de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, había dictado la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, suspendiendo por 30 días los efectos de la Resolución 460/2025 del Senasa, que autorizaba el ingreso de carne con hueso desde zonas libres de aftosa con vacunación hacia la Patagonia, reconocida internacionalmente como zona libre sin vacunación.
La decisión fue firmada por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, con la tercera vocalía vacante, y deja sin efecto la medida que había restablecido de forma temporal la histórica “barrera sanitaria” que distingue a la región patagónica.
Los fundamentos de la jueza de Río Grande
En su resolución original, la jueza Mariel Borruto había hecho lugar al pedido de la Asociación Rural argumentando que la normativa del Senasa carecía de fundamentación suficiente. Entre los puntos centrales, señaló la falta de conformidad internacional, advirtiendo que los organismos de control de Chile (SAG) y la Unión Europea no habían expresado una aprobación definitiva, sino que la misma estaba sujeta a auditorías y controles.
También argumentó un riesgo sanitario y económico, señalando que la apertura podía poner en peligro el estatus de “zona libre de fiebre aftosa sin vacunación” de la Patagonia, lo que acarrearía consecuencias irreversibles para los productores y el mercado regional.
Además, planteó el peligro en la demora, mencionando que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile había suspendido temporalmente las importaciones desde Argentina, y destacó la situación particular de insularidad de Tierra del Fuego, que implica un tránsito de productos a través de pasos internacionales bajo control chileno.
Lo resuelto por la Cámara de Apelaciones
Al revisar el caso, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia determinó que no se verificaban los requisitos legales para mantener la medida cautelar. El tribunal señaló que no existía verosimilitud en el derecho invocado, dado que los fundamentos de la jueza se apoyaban en presunciones y afirmaciones sin respaldo fáctico.
Los magistrados remarcaron que la legalidad de un acto administrativo nacional no puede quedar sujeta a la conformidad de organismos extranjeros, ya que esto afectaría la soberanía institucional del país. También consideraron que el supuesto “cierre del mercado chileno” no era un hecho consumado, sino una medida sujeta a verificación sanitaria.
En su fallo, la Cámara destacó la presunción de legalidad de los actos del Senasa, amparada por la Ley 24.305, y afirmó que la suspensión de una resolución administrativa es una medida excepcional que requiere indicios serios de ilegitimidad o daño irreparable, condiciones que —según los jueces— no se cumplieron en este caso.
La postura del Senasa
En su apelación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sostuvo que la jueza Borruto se había extralimitado al intentar reemplazar decisiones técnicas que competen exclusivamente al organismo sanitario.
El Senasa afirmó que la resolución impugnada fue elaborada bajo criterios técnicos y científicos, y que la amparista no presentó pruebas concretas de riesgo epidemiológico o perjuicio económico.
El organismo recordó además que el movimiento de hacienda en pie dentro de Tierra del Fuego nunca se interrumpió, y que los Documentos de Tránsito Electrónico (DTe) continúan emitiéndose regularmente entre Río Grande y el norte provincial, sin que se haya registrado ningún incidente sanitario.
El trasfondo del conflicto
El debate por la flexibilización de la barrera sanitaria patagónica comenzó con la Resolución 180/2025 del Senasa, suspendida por 90 días y luego prorrogada por 60 más. Finalmente, la Resolución 460/2025, firmada el 26 de junio de 2025, reactivó la controversia al autorizar el ingreso de carne con hueso y material genético desde zonas con vacunación hacia la Patagonia.
Como respuesta, la jueza Borruto había dictado una medida cautelar el 3 de septiembre de 2025, que suspendió los efectos de la resolución en Tierra del Fuego. Con el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, esa medida quedó oficialmente revocada, reestableciendo la vigencia de la disposición del Senasa.
La decisión marca un nuevo capítulo en el largo conflicto entre las autoridades sanitarias nacionales y los sectores ganaderos patagónicos, que sostienen que la apertura del ingreso de carne con hueso pone en riesgo un estatus sanitario que la región mantiene desde hace más de dos décadas.
