En un fallo que genera fuerte impacto político y económico, la Cámara Federal de La Plata confirmó la sentencia del juez federal Alejo Ramos Padilla y resolvió suspender el Decreto 116/2025, por el cual el Gobierno Nacional había dispuesto la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima.
La decisión judicial fue impulsada por un grupo de empleados vinculados al Sindicato y contó con el respaldo de la Asociación Bancaria, que fue aceptada como «amiga del tribunal» durante el proceso. El fallo representa un revés para el Ejecutivo y contradice lo dispuesto por la Ley Bases sancionada recientemente por el Congreso Nacional. Desde el Gobierno ya adelantaron que apelarán la medida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El proyecto de transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima fue defendido por el oficialismo como un paso hacia una mayor eficiencia, transparencia y dinamismo del crédito privado, especialmente en beneficio de familias y pequeñas y medianas empresas regionales. Según cifras oficiales, el Banco Nación lideró la reducción del crédito en el país, que cayó al 6,5% del PBI en 2023 -la mitad del nivel registrado en 2011 y muy por debajo de los estándares de los años noventa-. También se denunció la desaparición virtual del crédito hipotecario para la vivienda.
Fuentes cercanas al Gobierno cuestionaron el accionar de la gestión previa del Banco Nación, al señalar que en las últimas dos décadas tuvo diez presidentes, incrementó su planta de personal en 1.500 empleados, redujo inversiones y reemplazó el planeamiento estratégico por prácticas no convencionales, como el asesoramiento de una numeróloga designada por una gerencia general supuestamente impulsada por el propio sindicato.
Desde sectores críticos al fallo, sostienen que la resolución judicial responde a una «vocación por achicar el Banco» y «apartarlo de su mandato», que es precisamente facilitar el crédito a familias y empresas argentinas. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del principal banco público del país sigue abierto y se traslada ahora a la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la transformación impulsada por el Ejecutivo.
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