El Ejecutivo porteño dispuso vetos totales y parciales a normas aprobadas por la Legislatura que proponían puntos seguros para menores, un estudio epidemiológico de salud mental y nuevos estándares para hogares convivenciales. Argumentó objeciones técnicas, presupuestarias y formales.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso a fines de diciembre tres vetos a leyes sancionadas por la Legislatura porteña, todas vinculadas a políticas públicas sensibles en materia de niñez, adolescencia y salud mental. Las decisiones quedaron oficializadas en el Boletín Oficial de este lunes y fueron fundamentadas en objeciones técnicas, operativas, presupuestarias y formales.
Veto total a los “Puntos de Encuentro Seguros” para niñas, niños y adolescentes
Mediante el Decreto 508/25, el Ejecutivo vetó de forma total la Ley 6.907, que proponía la creación de Puntos de Encuentro Seguros en estaciones de subte y centros de trasbordo, con dispositivos de contacto directo con la Línea 102, destinada a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según el Gobierno porteño, la instalación de estos espacios en ámbitos de alta circulación, ruido y videovigilancia obligatoria contradice los principios de confidencialidad y resguardo de la identidad que la propia norma buscaba garantizar. Además, se advirtió el riesgo de un uso indiscriminado del canal 102 para consultas ajenas a su objetivo específico, lo que podría afectar su funcionamiento como política pública especializada.
El veto se apoyó también en observaciones técnicas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que recomendó no avanzar con la implementación en los términos aprobados por la Legislatura.
Veto parcial al estudio epidemiológico de salud mental
A través del Decreto 508/25, el Ejecutivo resolvió vetar parcialmente la Ley 6.880, que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario de salud mental en la Ciudad.
Fueron objetados los artículos que creaban una Comisión Especial externa al sistema público de salud y que le asignaban funciones clave en el diseño, implementación y análisis del estudio. El Gobierno argumentó que esa estructura carecía de una unidad de comando epidemiológico, no contemplaba la intervención de un Comité de Ética y podía comprometer la protección de datos sensibles de salud, cuya custodia es indelegable del Estado.
De este modo, se mantuvo vigente el objetivo general del estudio, pero se eliminaron los artículos que, según el Ejecutivo, afectaban la coherencia técnica, sanitaria y legal de la iniciativa.
Veto parcial a la ley de estándares para hogares convivenciales
El tercer veto, formalizado mediante el Decreto 509/25, alcanzó parcialmente a la Ley 6.900, que establecía estándares de calidad del cuidado y condiciones de habitabilidad para los hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
El Ejecutivo vetó numerosos artículos vinculados a nuevas exigencias edilicias, de seguridad, dotación de personal, acceso al Legajo Único (LUNNA) y asignaciones presupuestarias, al considerar que su aplicación inmediata podía resultar inviable y poner en riesgo la continuidad del sistema de acogimiento residencial.
Además, se señaló un vicio formal en el procedimiento legislativo, ya que varias de las modificaciones al Código de Edificación requerían el mecanismo de doble lectura, con audiencia pública, instancia que no fue cumplida durante el tratamiento de la ley.
Un escenario de tensión entre la Legislatura y el Ejecutivo
En los tres casos, el Gobierno porteño destacó que comparte el espíritu de las iniciativas, pero sostuvo que presentan deficiencias técnicas, operativas o procedimentales que impiden su promulgación en los términos sancionados.
Las decisiones reabren el debate político y legislativo sobre el alcance de las políticas de protección de derechos, la salud mental y el rol del Estado en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, en un contexto donde los vetos vuelven a marcar diferencias de criterio entre el Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad.
