El escándalo que sacudió al sistema de salud porteño sumó en las últimas horas un dato decisivo: Delfina Lanusse, residente de tercer año de Anestesiología del Hospital Italiano, habría reconocido consumo de propofol que, según la investigación, habría sido sustraído de la institución. La información —que se conoció por declaraciones incorporadas a la causa y por testimonios citados en las últimas horas— se inscribe en una pesquisa que busca determinar cómo fármacos de uso estrictamente hospitalario terminaron fuera del circuito asistencial.
La causa tiene un “kilómetro cero” dramático: el 20 de febrero de 2026 fue hallado muerto en su departamento de Palermo el anestesista Alejandro Zalazar. En el lugar, según reconstrucciones periodísticas basadas en fuentes oficiales, había una vía colocada y elementos descartables para inyecciones; la hipótesis de trabajo apunta a una sobredosis vinculada con anestésicos como propofol y fentanilo. Ese episodio encendió alarmas y, poco después, el Hospital Italiano presentó una denuncia por faltantes de anestésicos (fecha clave: 23 de febrero), lo que abrió un expediente paralelo orientado a la posible sustracción y desvío de medicamentos.
En ese contexto aparecen los dos nombres que hoy concentran la atención judicial: el anestesista Hernán Boveri (médico de planta) y la residente Delfina Lanusse. Ambos fueron imputados en el expediente que tramita ante el juez Javier Sánchez Sarmiento y con intervención del fiscal Lucio Herrera, mientras se intenta precisar si existió un patrón de sustracción de fármacos y qué destino tuvieron.
Según los trascendidos del caso, Lanusse admitió que consumía propofol y señaló a Boveri como quien la habría instigado. Esa confesión se produjo ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), en el marco de reuniones internas vinculadas al caso. Además, indicó que la residente dijo tener problemas de consumo desde hacía dos años.
Pero lo más sensible del relato, siempre según esas fuentes, es el “cómo”: Lanusse habría afirmado que Boveri no solo la incitó, sino que le suministraba la sustancia por vía intravenosa. Ese punto es especialmente relevante porque desplaza la investigación desde el mero “faltante” hacia un posible esquema de administración dentro y/o fuera del ámbito hospitalario, y abre la puerta a determinar responsabilidades funcionales y eventuales encubrimientos si hubiera existido conocimiento previo en el servicio.
En esa misma línea investigativa, se maneja una versión que asegura que Boveri admitió que en tres o cuatro oportunidades “la drogó” -siempre con consentimiento, según su propio planteo- y, a la vez, responsabilizó a Lanusse por la sustracción de los fármacos. Esto instala un escenario típico de causas complejas: acusaciones cruzadas en las que cada imputado intenta correrse del núcleo delictivo y ubicar al otro en el centro de la maniobra.
La consecuencia inmediata fue institucional: distintas fuentes reportaron que Boveri renunció y que Lanusse quedó apartada o con licencia forzosa, con restricciones para acercarse a la institución mientras avanza la investigación.
La causa judicial: indagatorias, medidas restrictivas y peritajes
En paralelo a las declaraciones institucionales, la investigación avanzó con medidas típicas: allanamientos y peritajes. Ambos imputados fueron indagados en el marco del expediente y el juez dictó, entre otras medidas, la prohibición de salida del país. También se mencionaron restricciones de contacto entre los imputados y el análisis de teléfonos y dispositivos, en busca de reconstruir comunicaciones y eventuales coordinaciones.
La causa también se contaminó con el ruido de las redes: circularon audios en WhatsApp y versiones sobre reuniones o “fiestas” donde se habrían consumido anestésicos. Fuentes judiciales aclararon que esos audios no forman parte del expediente y que mencionan hechos que no fueron denunciados formalmente, por lo que, al menos hasta ahora, no integran la prueba judicial.
