La aprobación del pliego de Pablo López Viñals para un nuevo mandato como juez de la Corte de Justicia de Salta dejó más incertidumbres que certezas, especialmente para el ciudadano común, que observa cómo la Constitución parece aplicarse de manera escalonada, según quién esté en juego. Más allá de las discusiones jurídicas sobre la vigencia efectiva de las reformas constitucionales de 2021, el trasfondo es más político que técnico: la ley madre debería ser igual para todos, pero en Salta no parece serlo.
La aprobación del pliego de Pablo López Viñals para un nuevo mandato como juez de la Corte de Justicia de Salta dejó más incertidumbres que certezas, especialmente para el ciudadano común, que observa cómo la Constitución parece aplicarse de manera escalonada, según quién esté en juego. Más allá de las discusiones jurídicas sobre la vigencia efectiva de las reformas constitucionales de 2021, el trasfondo es más político que técnico: la ley madre debería ser igual para todos, pero en Salta no parece serlo.
El caso de la jueza Teresa Ovejero es el inicio. En 2024, accedió nuevamente a la Corte sin que su reelección despertara cuestionamientos, a pesar de que ya había cumplido un mandato anterior de seis años. ¿Por qué no se encendieron las alarmas? El artículo 156 de la nueva Constitución es claro: los jueces de Corte solo pueden ser designados por una única vez, por un periodo de diez años. Sin embargo, avanzó y quedó como «antecedente» para aquellos que hacen lecturas a conveniencia de la Constitución.
Durante el debate en el Senado por el pliego de López Viñals, incluso legisladores reconocieron que no hay certeza sobre el momento en que rige efectivamente esta limitación. El senador Miguel Calabró llegó a afirmar que, en el caso del gobernador, será Sáenz quien determine si va por un tercer mandato.
Este año los jueces Guillermo Catalano y Ernesto Samsón, cuyos mandatos vencen, podrían ser renovados sin restricciones. Gabriel Chibán juró en 2022 por diez años, ya con la reforma en vigencia, lo mismo ocurrió en 2023 con la jueza María Nallim, ambos no podrán ser reelectos.
No es menor que el propio López Viñals haya firmado una acordada en la que se establece la aplicación de la Constitución reformada para limitar a los jueces mayores de 70 años. ¿Por qué en ese punto sí se aplicó la reforma y en otros no? ¿No debería ser la Corte quien despeje estas dudas? Difícil, si la mayoría de sus integrantes está implicada en las decisiones que se cuestionan.
Muchos legisladores dicen por lo bajo que también estaba en juego sus aspiraciones políticas para 2027. El razonamiento entonces es primero «mis deseos» y luego la institucionalidad.
Todo este escenario es producto de un problema de origen: la ausencia de una cláusula transitoria que establezca con claridad a quiénes alcanza y desde cuándo la reforma constitucional. Una omisión deliberada del oficialismo constituyente que, al evitar fijar límites precisos, dejó abierta la puerta a interpretaciones discrecionales. La Asamblea Constituyente es soberana, pero eso no exime a los convencionales de dar explicaciones por un trabajo deficiente. La ciudadanía merece reglas claras, no artilugios jurídicos que favorecen a quienes ostentan poder. ¿Cómo puede ser que en pleno debate se refieran a lo que dijeron en vez de que quedara plasmado? A las palabras se las lleva el viento, o se las direcciona para donde se quiera.
La democracia exige institucionalidad, seriedad y compromiso. No se fortalece con ambigüedades ni con leyes a medida. Y también exige tolerancia ante la crítica. Como bien recordó recientemente el procurador fiscal Víctor Abramovich en un dictamen presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que hizo serias observaciones a los ministros de Corte de Salta.
Abramovich remarcó que un funcionario es una persona pública, lo que implica que el margen de tolerancia a la crítica debe ser mayor que para el caso de los simples particulares. López Viñals, en su encuentro con los senadores, acusó a la prensa de «atacarlo», en lugar de aceptar que su candidatura, por el contexto y las dudas legales, podía ser cuestionada. Nadie puede sentirse por encima de la ley. Mucho menos, quienes están llamados a garantizarla.
