La COP30, programada para noviembre de 2025 en la ciudad brasileña de Belém, se perfila como un evento crucial en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, según un análisis compartido por Infobae Perú en una entrevista con Denisse Linares, líder de proyecto del programa Sostenibilidad de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) de Perú, los retos para esta conferencia permanecen inconclusos, especialmente en lo que respecta a la transición energética en América Latina.
Desde el conversatorio “Retos y Propuestas desde América Latina para la Construcción de una Transición Energética Justa”, organizado por la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE), Linares destacó que, a pesar de los avances, persisten profundas diferencias en las posiciones sobre cómo abordar la transición. Por un lado, existe un enfoque corporativo que promueve un modelo extractivista basado en la explotación de minerales en regiones históricamente proveedoras de materias primas, como América Latina y África. Por otro lado, algunos gobiernos, como el de Colombia, han adoptado posturas más definidas, aunque no exentas de críticas.
De acuerdo con Linares, el modelo extractivista actual perpetúa zonas de sacrificio en regiones ambiental y culturalmente diversas, como la zona andina en Perú. Este enfoque no contempla la industrialización de los recursos extraídos, sino que se limita a la explotación y exportación de materias primas, dejando a las comunidades locales con impactos negativos y sin beneficios tangibles.
En el caso de Perú, la situación es particularmente preocupante. Según la experta, no existe una posición clara del gobierno peruano respecto a la transición energética. A pesar de los intentos de diálogo con autoridades, no se han identificado propuestas concretas desde el sector público. Esto contrasta con países vecinos que han avanzado en la definición de estrategias energéticas más estructuradas.
Linares también subrayó que el concepto de transición energética debería evolucionar hacia un enfoque que priorice el derecho al acceso a la energía. En Perú, a pesar de décadas de explotación de recursos como el gas de Camisea, las brechas estructurales en servicios básicos persisten. Por ejemplo, comunidades en regiones como Cusco, donde se extrae el gas, carecen de acceso a fluido eléctrico, mientras que el precio del gas en estas zonas es hasta tres veces mayor que en la capital, Lima.
La experta destacó que las energías renovables deben ser planteadas desde un enfoque local, adaptado a las necesidades de las comunidades. En este sentido, mencionó experiencias exitosas en Colombia y proyectos de energía comunitaria en Loreto, Perú, que demuestran que es posible implementar modelos sostenibles y equitativos. Sin embargo, Linares cuestionó por qué las comunidades deben conformarse con soluciones como paneles solares, mientras que las ciudades acceden a fuentes de energía más avanzadas.
Además, señaló que la transición energética no puede replicar los errores del modelo extractivista. La producción de tecnologías renovables, como paneles solares y turbinas eólicas, depende de minerales como el litio, cuya extracción genera impactos ambientales y sociales significativos. Según Linares, es fundamental evitar que estas zonas de extracción se conviertan nuevamente en áreas de sacrificio.
Uno de los mayores desafíos es la falta de gobernanza energética en Perú. No existen espacios de participación ciudadana efectivos ni mecanismos de transparencia en la planificación energética. Esto dificulta que la sociedad civil pueda contribuir con recomendaciones o monitorear el desarrollo de proyectos financiados con recursos públicos o préstamos internacionales, como los otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La experta recordó que en 2018, durante el debate sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos, se habilitaron espacios de diálogo que permitieron a la sociedad civil presentar propuestas. Sin embargo, en la actualidad, estos espacios han desaparecido, lo que representa un retroceso significativo en términos de participación y rendición de cuentas.
De cara a la COP30, Linares expresó su preocupación por la falta de una posición oficial del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Perú. Según detalló, en la COP28, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Minem debía desarrollar la postura del país para la próxima conferencia. Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido información al respecto, lo que genera incertidumbre sobre el papel que desempeñará Perú en este evento internacional.
La experta también enfatizó la necesidad de replantear la planificación energética desde una perspectiva inclusiva y sostenible. Esto implica no solo garantizar el acceso a la energía en comunidades marginadas, sino también abordar los impactos diferenciados que la falta de energía tiene en sectores vulnerables, como las mujeres.
La transición energética justa, un concepto que ha ganado relevancia en el marco de los compromisos climáticos del Acuerdo de París, plantea un desafío significativo para América Latina. Según Telye Yurisch, economista y miembro de la Fundación Terram en Chile, esta transición no solo implica un cambio hacia energías limpias, sino también una creciente demanda de minerales críticos necesarios para tecnologías como la electromovilidad y las energías renovables. Este fenómeno está transformando a la región en un proveedor clave de recursos para los centros industriales globales, como Estados Unidos, Europa y China.
De acuerdo con Yurisch, la transición energética global requiere una descarbonización de las matrices energéticas, lo que ha impulsado la promoción de energías renovables y el desarrollo de la industria de la electromovilidad. Sin embargo, esta industria es intensiva en el uso de minerales como el litio, el cobre y otros elementos críticos. América Latina, aunque no es un gran emisor de gases de efecto invernadero en términos de consumo energético, se ha convertido en un actor central debido a su abundancia de estos recursos. Según el economista, esta situación plantea una paradoja: mientras el mundo avanza hacia un futuro más limpio, la región enfrenta un nuevo ciclo de extractivismo que podría tener graves consecuencias sociales y ambientales.
El término extractivismo se refiere a la explotación intensiva de recursos naturales para su exportación, un modelo que ha predominado históricamente en América Latina. Yurisch explicó que este modelo no solo genera impactos ecológicos críticos, como la transformación de territorios y la contaminación de recursos hídricos, sino que también está vinculado a problemas de corrupción, debilidades institucionales y vulneración de derechos humanos. Un ejemplo destacado es la minería de litio en Chile, que utiliza agua del desierto de Atacama, el más seco del mundo, para producir baterías, lo que ha generado un problema socioambiental de gran magnitud.
En este contexto, el economista subrayó que la región enfrenta el desafío de evitar una explotación desenfrenada de minerales que perpetúe su rol como exportador primario. Actualmente, países como Chile y Perú, principales productores de cobre, exportan principalmente concentrados de este mineral, que contienen solo un 30% de cobre puro. Según Yurisch, avanzar en la cadena de valor, por ejemplo, mediante la producción de cátodos de cobre con un 99% de pureza, podría transformar el modelo económico de la región y generar mayores beneficios locales.
Para que la transición energética sea verdaderamente justa, Yurisch destacó la importancia de desarrollar una política industrial que permita a los países de América Latina aprovechar al máximo sus recursos minerales. Esto implicaría construir fundiciones y refinerías locales que no solo procesen el cobre, sino que también recuperen otros minerales valiosos presentes en los concentrados, como el molibdeno, la plata y el oro. Actualmente, gran parte de estas actividades se realizan en China, que domina el mercado global de fundiciones a pesar de no ser el principal productor de cobre.
El economista propuso que los países de la región trabajen en conjunto para establecer proyectos binacionales de fundición y refinación, lo que no solo aumentaría el valor agregado de sus exportaciones, sino que también reduciría su dependencia de los centros industriales globales. Sin embargo, reconoció que este enfoque requiere un debate público amplio y la implementación de estándares ambientales y de participación ciudadana para evitar los problemas de contaminación asociados con las actividades industriales.
En el caso de Chile, Yurisch señaló que el modelo extractivista ha dado lugar a las llamadas zonas de sacrificio, áreas donde se concentran actividades industriales altamente contaminantes que afectan a comunidades vulnerables. Según explicó, este concepto, acuñado por la Fundación Terram en 2009, describe territorios donde la población enfrenta pobreza, falta de acceso a servicios básicos y exposición a altos niveles de contaminación. Ejemplos emblemáticos incluyen Puchuncaví y Quintero, donde las termoeléctricas que queman carbón han generado graves problemas de salud pública y degradación ambiental.
El cierre de la fundición Ventanas, la más nueva de Chile, fue presentado como un gesto político para avanzar hacia una minería más sostenible. Sin embargo, Yurisch advirtió que este tipo de decisiones deben ir acompañadas de la apertura de nuevas instalaciones con tecnologías avanzadas que minimicen el impacto ambiental. Actualmente, las fundiciones chilenas datan del siglo pasado, lo que limita su capacidad para cumplir con los estándares ambientales modernos.
En América Latina, la transición energética enfrenta un desafío único que va más allá del simple cambio de fuentes fósiles a renovables. Según explicó Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo en Bolivia, en una entrevista con Infobae Perú, la región se encuentra atrapada en una doble dependencia de los recursos naturales no renovables, particularmente los hidrocarburos. Esta dependencia no solo afecta la matriz energética, sino también los ingresos fiscales de los países, lo que complica cualquier intento de transformación estructural.
Velásquez detalló que la mayoría de los países de la región dependen de los hidrocarburos o el carbón para satisfacer sus necesidades energéticas. Incluso en naciones no productoras, como Chile, la electricidad proviene mayoritariamente de termoeléctricas que funcionan con carbón y gas natural. Sin embargo, el problema no se limita al ámbito energético. Existe una segunda dependencia, de carácter fiscal, que se traduce en ingresos significativos para los gobiernos a través de regalías e impuestos derivados de la explotación de hidrocarburos. En países como Bolivia, estos ingresos financian programas sociales, como la Renta Dignidad, que beneficia a los adultos mayores, así como presupuestos de regiones productoras, municipios e incluso universidades públicas.
El analista describió esta situación como un círculo vicioso, donde la necesidad de mantener los ingresos fiscales obliga a los gobiernos a perpetuar el modelo basado en la explotación de materias primas. Velásquez señaló que, sin mecanismos como fondos de ahorro o estrategias de diversificación económica, será difícil romper con esta dependencia. Ejemplos como el departamento de Tarija en Bolivia, donde el 85 % de los ingresos fiscales provienen de la explotación de gas, ilustran la magnitud del problema. Abandonar la producción de hidrocarburos sin una alternativa viable dejaría un vacío fiscal significativo, lo que hace que la transición energética sea un proceso que podría extenderse por tres o cuatro décadas.
En este contexto, Velásquez subrayó que el consumo energético en Bolivia depende en un 80 % de fuentes fósiles como el diésel, el gas natural y la gasolina. Esta realidad obliga a los países a producir o importar estos recursos hasta que logren modificar sus matrices de consumo, lo que representa uno de los mayores desafíos para la región.
Además de las implicaciones económicas, Velásquez destacó los efectos sociales y ambientales de este modelo. En Bolivia, por ejemplo, el Estado ha asumido un rol empresarial que, según el analista, ha generado divisiones en comunidades indígenas y organizaciones sociales. Un caso emblemático es el bloque San Telmo en Tarija, donde se llevó a cabo una consulta previa que fue aceptada por ciertos grupos, pero rechazada por la mayoría de la población local. Este tipo de conflictos, según Velásquez, refleja un retroceso en términos de consulta previa y derechos de las comunidades.
A nivel regional, el panorama no es menos complejo. Velásquez mencionó que en países como Brasil, Argentina y Colombia, los intereses económicos asociados a la explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales, como el litio, suelen prevalecer sobre las preocupaciones ambientales y sociales. En Brasil, por ejemplo, el gobierno ha apostado por convertir al país en el principal productor de petróleo de Sudamérica, con proyectos como el presal y la adjudicación de áreas en la desembocadura del Amazonas a Petrobras.
En Guatemala, las comunidades locales enfrentan una serie de desafíos relacionados con la actividad de las industrias extractivas, la falta de transparencia en los procesos de consulta y la ausencia de un desarrollo sostenible que beneficie directamente a los territorios. Según informó María Alejandra Aguilar, representante de Formación Política de la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP), el país aún no ha alcanzado un nivel significativo en términos de transición energética, debido a la prevalencia de actividades extractivas como la minería de níquel, oro y zinc, así como la explotación de petróleo y jade.
De acuerdo con Aguilar, estas actividades no solo generan impactos ambientales, como la contaminación de ríos y la tala de árboles, sino que también afectan directamente a las comunidades locales, que a menudo son despojadas de sus tierras sin una consulta previa adecuada. La representante destacó que, aunque existen esfuerzos por parte de grupos comunitarios y jóvenes para promover proyectos sostenibles, estos enfrentan obstáculos debido a la falta de transparencia y a la corrupción que ha caracterizado al país durante más de una década.
El desarrollo de actividades extractivas en Guatemala ha generado conflictos significativos en las comunidades, especialmente en la región de la franja transversal del norte, donde se concentran grandes extensiones de cultivos de palma aceitera. Según detalló Aguilar, las comunidades han tenido que enfrentarse a estas industrias en defensa de sus territorios, lo que ha derivado en despojos, desalojos y la pérdida de recursos naturales esenciales para su subsistencia.
La representante de CONGCOOP señaló que estos conflictos se agravan debido a la falta de consultas comunitarias transparentes y a la ausencia de un diálogo efectivo entre las comunidades, el Estado y las empresas privadas. Aguilar enfatizó que las consultas, cuando se realizan, no siempre son informadas ni reflejan las necesidades reales de las comunidades, lo que genera desconfianza y limita la participación cívica de los habitantes locales.
Ante este panorama, Aguilar subrayó la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil trabajen en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades para que puedan defender sus derechos y gestionar de manera autónoma los recursos de sus territorios. Según explicó, es fundamental que las comunidades cuenten con herramientas para realizar auditorías ambientales y sociales, así como para acceder a información pública sobre los proyectos que afectan sus territorios.
En este sentido, Aguilar destacó que CONGCOOP ha trabajado con mujeres de comunidades rurales para capacitarlas en la realización de auditorías sociales. Estas acciones les han permitido acercarse a las instituciones gubernamentales y exigir transparencia en los proyectos estatales y de agroindustria, como los relacionados con la palma aceitera. Sin embargo, la representante reconoció que aún queda mucho por hacer para garantizar que las comunidades puedan participar plenamente en los procesos de toma de decisiones.
Otro de los desafíos mencionados por Aguilar es la criminalización de los líderes comunitarios que defienden sus territorios y denuncian abusos por parte de las industrias extractivas. Muchos de estos líderes han sido víctimas de secuestros, torturas, desapariciones e incluso asesinatos, lo que evidencia la gravedad de la situación en el país.
Aguilar señaló que las organizaciones civiles tienen el reto de brindar acompañamiento a estos líderes y de garantizar que cuenten con la formación política necesaria para defender sus derechos. Asimismo, destacó la necesidad de trabajar desde las bases comunitarias para promover un desarrollo local que sea social, económico y culturalmente sostenible, y que permita que la riqueza de los territorios permanezca en las comunidades en lugar de ser exportada.
Finalmente, Aguilar hizo un llamado a las organizaciones civiles y a las instituciones gubernamentales para que trabajen en conjunto con las comunidades en la construcción de un modelo de desarrollo que respete los derechos humanos y el medio ambiente. Según explicó, es fundamental regresar a las bases y garantizar que las comunidades cuenten con las herramientas necesarias para gestionar sus recursos y participar activamente en los procesos de toma de decisiones.
En un contexto marcado por la corrupción, la falta de transparencia y los conflictos generados por las industrias extractivas, el fortalecimiento de las capacidades comunitarias se presenta como una de las principales estrategias para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en Guatemala.
