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El tribunal rechazó la apelación que había hecho el gobierno de Javier Milei en diciembre. Los acreedores que no cobraron los bonos por la crisis de 2001 avanzarían sobre fondos nacionales depositados en Estados Unidos, Alemania y Suiza.
La semana arrancó con malas noticias para la economía de Argentina: la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este lunes la última apelación solicitada por el gobierno para evitar un fallo adverso que habilita a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por un monto estimado en 310 millones de dólares.
Se trata de activos que están depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York y están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.
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“Los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EE.UU., Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos 3 meses. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI”, explicó Sebastián Maril, de Latin Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
Luego, continuó: “Ahora los beneficiarios del fallo enviarán un pedido de embargo a la Jueza Loretta Preska para que ella lo autorice y esa autorización sea presentada en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, en las sucursales que tiene Nueva York, en la Alemania y no sé en qué parte de Suiza. Con eso ya tomarán posesión de los 310 millones de dólares, pero eso no cubre la totalidad del pago, que es cerca de 450 millones de dólares”.
La jueza Loretta Preska podría designar un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa.
Loretta Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, había concedido el embargo en agosto de 2022, pero la Argentina apeló.
Los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master compraron deuda argentina en default desde 2001 a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los tres canjes que emitió el país, en 2005 (bajo la gestión de Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri).
Como Argentina no pagó, en conjunto tienen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes. Habían pedido el embargo del colateral de los bonos Brady que Argentina aún tiene en la Reserva Federal de Nueva York, USD 250 millones; y en Basilea, unos 58 millones de euros.
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La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central de la República Argentina y no del Estado, lo que los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, otro elemento que, de acuerdo con la legislación internacional, debería garantizar su inmunidad frente a embargos.
La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su fallo de agosto de 2022, ratificado este año por la Corte de Apelaciones, sostuvo que los derechos de reversión asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA.
Además, argumentó que estos activos se utilizaron previamente en actividades comerciales, invalidando el reclamo de inmunidad. “La Argentina ha utilizado los derechos de reversión en al menos dos oportunidades previas. Aunque el país afirma que no existió un uso comercial, esta afirmación carece de fundamento”, expresó la magistrada en su fallo.
