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Imagine vivir donde el agua potable es un lujo, donde el aire huele a cenizas, donde los ríos enferman y donde las lluvias o el fuego lo destruyen todo. Esa es la realidad de millones en América Latina. En La Guajira colombiana, la sed es parte del paisaje. En Guatemala, el río Motagua se ha convertido en un cauce contaminado que atraviesa comunidades. En el sur de Brasil, las inundaciones cubrieron barrios enteros bajo el barro. Y en Bolivia, el fuego devoró la Chiquitanía, arrasando árboles y cultura.
La situación actual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas refleja un contexto crítico, marcado por la convergencia del cambio climático, desigualdades persistentes, vulnerabilidades económicas y crisis institucionales. Este escenario ha generado un entorno propicio para la erosión democrática y el debilitamiento institucional.
La erosión democrática no solo acompaña la crisis ambiental: también impide dimensionar su magnitud. Mientras la atención se centra en episodios de inestabilidad, los procesos de concentración de riqueza se intensifican. Las poblaciones vulnerables pierden sus territorios mientras el extractivismo avanza sin control, favorecido por corrupción y captura estatal.
La desigualdad, endémica en la región, se mantiene entre las más altas del mundo. El 10% más rico concentra el 66% de la riqueza. El cambio climático agrava estas desigualdades: los eventos extremos desmantelan economías locales, aumentan la inseguridad alimentaria y desplazan a miles de personas. Esto profundiza las brechas estructurales de desigualdad y exclusión. Fenómenos como los incendios forestales afectan gravemente los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, cuya vida depende de ecosistemas cada vez más frágiles. Además, la desinformación creciente dificulta la gestión de emergencias y debilita la estabilidad política.
El agronegocio y las industrias extractivas tienen impactos cada vez más graves. Y la reducción de emisiones, así como la transición energética, aunque necesarias para enfrentar el cambio climático, plantean riesgos, por ejemplo, al replicar modelos extractivistas en nuevas áreas, exacerbando los conflictos socioambientales. Esto es particularmente preocupante en una región caracterizada por la violencia contra las personas defensoras del medio ambiente.
Los modelos de desarrollo extractivistas, centrados en la expansión de la agroindustria, continúan promoviendo la concentración de tierras y la implementación de monocultivos, en detrimento de los pequeños agricultores. Más del 50% de la tierra productiva está en manos del 1% de las fincas. Esta concentración desplaza comunidades rurales y precariza el empleo en el sector agroindustrial.
La contaminación de los recursos hídricos y los suelos, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar amenazan a comunidades rurales y costeras, aumentando la presión sobre los recursos naturales. Eso refuerza la necesidad de considerar a la justicia ambiental como un eje transversal indispensable, enfatizando la importancia de asegurar la participación pública y el acceso a la información en temas ambientales, y adoptar medidas para proteger a las personas defensoras del medioambiente.
El desafío es construir alternativas desde la justicia climática y el respeto a las comunidades. Aún hay tiempo, si actuamos con voluntad y ponemos los derechos humanos en el centro.
