La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevas tensiones luego de que el abogado Martín Magram, representante de los hermanos Kovalivker, criticara duramente el operativo judicial en la droguería Suizo Argentina y pusiera en duda la validez de las pruebas que impulsaron la investigación.
En diálogo con Radio Con Vos, Magram relató que estuvo presente durante parte del allanamiento ordenado por la Justicia a las oficinas de Suizo Argentina. Según señaló, la medida incluyó el secuestro de computadoras, servidores y documentación ajena a la relación financiera bajo pesquisa, informó el medio Infobae.
«La orden tenía tanta información que pone realmente en jaque todo lo que se llevase, incluso el funcionamiento de la droguería«, afirmó. Y advirtió que la incautación podría comprometer el suministro de medicamentos en todo el país, dado que Suizo Argentina opera con más de 10.000 puntos de entrega.
El abogado recordó que a comienzos de año una denuncia «prácticamente espejo» fue archivada por el mismo juzgado con dictamen del fiscal Guillermo Rívolo. En aquel expediente, la Justicia concluyó que no hubo contrataciones directas ni trato preferencial hacia la droguería, ya que todas las adquisiciones se realizaron en el marco de licitaciones públicas.
«Se reedita una denuncia que es exactamente una copia de lo ya investigado y archivado», cuestionó Magram, quien atribuyó la reapertura del caso a motivaciones políticas en un contexto electoral.
Audios de dudosa procedencia
El punto más cuestionado por la defensa son los audios que dieron origen a la investigación, atribuidos al ex titular de Andis, Diego Spagnuolo. «Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si están realmente en la causa», dijo Magram, subrayando que la autenticidad del material no fue verificada.
Además, vinculó la filtración de esas grabaciones con posibles «operaciones de inteligencia» y la intervención de agentes encubiertos, lo que reforzaría –según su visión– la hipótesis de una maniobra política detrás de las actuaciones judiciales.
Consultado sobre la supuesta relación personal de los Kovalivker con Karina Milei o Eduardo «Lule» Menem, mencionados en la investigación, Magram lo negó. «No me consta, entiendo que no», aseguró, y sostuvo que se trata de afirmaciones sin sustento.
En esa línea, señaló que la reiterada exposición mediática de la familia y de la empresa forma parte de un clima de hostigamiento: «Se ven continuamente vapuleados sin que existan elementos objetivos que respalden la acusación de corrupción».
«Nadie está obligado a colaborar contra sí mismo»
El abogado también cuestionó que durante el allanamiento se exigiera la entrega de dispositivos personales y claves de acceso. «Nadie está obligado en un Estado de derecho a contribuir con la investigación en su contra», remarcó.
Pese a ello, aclaró que la familia Kovalivker se mantiene a disposición de la Justicia y ha facilitado lo requerido en el marco del proceso, aunque insistió en que las condiciones impuestas vulneraron la privacidad de los directivos y sus familias.
