Mucho se viene hablando de la discusión presupuestal actual. Y está bien que así sea, dado que se trata ni más ni menos que de la definición de la propuesta básica de gastos e inversiones de todo el período de gobierno.
El presupuesto nacional es la expresión cuantitativa concreta de las medidas de gobierno previstas. Supone por lo tanto el sinceramiento del gobierno electo respecto a cuánto de lo prometido en campaña intentará realizar: cuántos cambios y en qué magnitud introducirá.
Por esto se entiende la frustración que una parte de los votantes del Frente Amplio han manifestado en los últimos días, ya que esperaban los grandes cambios que su programa partidario plantea (ahora sólo una “guía a largo plazo”) y ven que nada va a cambiar sustancialmente. Y si bien me parece que el gobierno anterior fue más conteste que el actual en hacer lo que prometió, entiendo que ambos, al igual que los anteriores, tienen una importante “deuda” pendiente.
Hace unos días, entrevistado en el programa radial En Perspectiva, el prosecretario de presidencia Alejandro Sánchez reconocía con claridad que el proceso de generación de los presupuestos de gobierno es “aluvional”. Es decir que, básicamente, cada gobierno asume como dado el presupuesto previo y propone sobre él algunos cambios basados en nuevos incrementos del gasto público.
Es también el caso del presente presupuesto. Por ejemplo las asignaciones presupuestales destinadas a contemplar nuevos programas y prioridades de gobierno para el año 2026 están previstas en $ 6.311 millones mientras que el gasto público total para ese mismo año está previsto en $ 993.397 millones. Es decir que las primeras representan menos del 1% de la asignación presupuestal total (la situación no varía para el resto de los años del mismo período de gobierno).
En el “mensaje y exposición de motivos” referido al Presupuesto Nacional 2025-2029 se desglosa ese gasto “prioritario”. Así, para el referido año 2026, se asignan (en millones) $ 2.525 a Infancia y Adolescencia, $ 936 a Seguridad, $ 726 a Vulnerabilidad Social, $ 701 a Salud, y $ 1.423 a Crecimiento y Otros destinos. De modo que a la infancia y la adolescencia, identificadas en el mensaje y exposición de motivos como “la prioridad del proyecto de presupuesto” se destinan fondos incrementales equivalentes al 0,25% del presupuesto total. ¿Será suficiente?
Del mismo modo al rubro seguridad, otra de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, se destinan fondos incrementales equivalentes al 0,09% del presupuesto total. ¿Será suficiente?
¿Realmente pensamos los uruguayos que lograremos algún efecto significativo diferente repitiendo una y otra vez básicamente lo mismo?
Ante este planteo de respuesta obvia, tal vez algunos digan que esto es lo que hay, que lamentablemente no se puede gastar más. Y muchos podemos estar de acuerdo en eso. Pero, ¿acaso no es posible gastar mejor? El correspondiente “análisis” y la información necesaria para éste, es la “deuda” que los gobernantes tienen con la ciudadanía a la que me refería más atrás.
Cada cinco años en ocasión de la aprobación del presupuesto nacional se nos habla de los nuevos focos del gobierno de turno y se nos exponen cuadros con colores llamativos y altos porcentajes de cómo se va a distribuir el nuevo gasto, pero se trata sólo del análisis del incremento de gasto. Por ejemplo en el mensaje a que venimos haciendo referencia (pero también ocurrió algo similar en los períodos de gobierno anteriores) se nos muestra una gráfica donde aparece una asignación del 40% para Infancia y Adolescencia, 15% para Seguridad, 11% para Salud, entre otros, sugiriendo un peso importante de las nuevas medidas.
Son porcentajes interesantes: ¡pero estamos hablando de la distribución de una parte insignificante del presupuesto, menos del 1% del gasto público total! ¿Dónde está el análisis pormenorizado del restante 99%? ¿De veras todo lo que gastamos dentro de ese 99% es más importante que las prioridades que hemos definido y pretendemos atender mejor asignando sólo un 1%?
¿Cuándo tendremos los ciudadanos un informe prolijo y detallado como el que acompaña la presentación de la propuesta de Presupuesto Nacional 2025-2029 que analice en qué gastamos estructuralmente y no marginal o aluvionalmente?
Tenemos que poder evaluar en detalle lo que el Estado gasta o invierte en cada uno de los distintos procesos que lleva a cabo, para a partir de allí evaluar si se justifican, si su eficiencia y eficacia puede ser mejorada, ordenarlos según su prioridad, y luego simplemente decidir cuáles de ellos quedan para más adelante en función de las disponibilidades financieras. No alcanza con la información por organismo o entidad, por inciso, por grandes conceptos, que se convierten en “cajas negras” que no sirven para tomar decisiones. Se requiere que sea más desagregada, esto es, como decía antes: por procesos.
Será recién a partir de entonces que podremos discutir cambios en serio y luego hacerlos realidad. Ponerle el cascabel al gato, digamos. Algo muy complicado pero imprescindible. Y recién en ese momento esa deuda de los gobernantes quedará saldada.
