Las victorias electorales, y especialmente las que implican una sorpresa del tamaño de la que ocurrió en octubre, suelen deslumbrar a los analistas de los fenómenos políticos. Las explicaciones de lo que ocurrió corren velozmente a llenar los huecos de los pronósticos que fallaron, y los políticos se amontonan en la carrera por acudir al auxilio de los vencedores.
Hoy, por ejemplo, se habla de la hegemonía de Milei. ¿Cómo es posible llegar a la conclusión de que existe algo así? Es verdad que el Presidente aprovechó con mucha habilidad el desconcierto del peronismo y se apuró a enhebrar acuerdos para aumentar el tamaño de su bloque de diputados y para debilitar el del kirchnerismo, y que Diego Santilli consiguió instalar la sensación de que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los gobernadores peronistas proclives a escapar del campo de influencia de Cristina Kirchner. Pero, si se miran los datos, el Gobierno está muy lejos de cualquier configuración hegemónica.
Un indicador de eso es la nula capacidad que demostró el Gobierno para nombrar jueces.
Desde que asumió Milei, un solo juez federal entró en funciones: es Marcelo Cardozo, en el juzgado de Puerto Iguazú. Cardozo llegó a ese puesto, dicen los que conocen esa historia, por pedido del jefe político de la provincia, Carlos Rovira. Otro detalle es que había sido nombrado antes del arranque de la gestión libertaria. Además de eso, el Gobierno solo atinó a prorrogar el mandato de tres camaristas que cumplieron los 75 años. ¿Cómo va a conseguir la hegemonía, o algo parecido a eso, un Gobierno que ni siquiera puede ocupar un puñado de los centenares de vacantes que se acumulan en el Poder Judicial?
Ese problema, que a todas luces tiene un costado político, también deja al desnudo las dificultades que tiene desde su arranque la gestión de Javier Milei para tomar decisiones en vastas áreas de la administración pública.
Es cierto que el oficialismo impulsó la llegada de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo a la Corte Suprema y nunca consiguió reunir la mayoría agravada de senadores necesaria para nombrar jueces en ese tribunal, pero lo importante en este caso es que La Libertad Avanza no trabajó para ocupar cargos de la justicia federal y nacional que se pueden designar con mayorías simples, mucho más accesibles que las primeras.
El Consejo de la Magistratura tiene una cuenta para ilustrar hasta donde se extiende esta complicación. Según ese relevamiento, el 37% de los juzgados del país están vacantes. Hay 191 ternas de candidatos a jueces enviadas al Poder Ejecutivo que duermen en algún cajón. En el caso del Ministerio Público Fiscal, otros organismos aseguran que más del 40% de las fiscalías no tiene fiscal.
¿Por qué el Gobierno no busca ocupar esos lugares? Además del poco interés que demostró Javier Milei en estos temas y de los problemas políticos internos que envolvieron en los últimos meses a Santiago Caputo -que estaba encargado de ordenar la relación entre el Gobierno y los tribunales- en este punto hay que hablar de la relación entre los libertarios y la principal fuerza de la oposición: el peronismo.
Ya se sabe que el oficialismo necesita que el peronismo -o al menos una parte del peronismo- se siente a discutir los cargos que requieren mayorías especiales, como los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General o el Defensor del Pueblo.
En el Gobierno hay quienes piensan que, por eso mismo, se puede negociar esas vacantes en conjunto con la de los juzgados y fiscalías de instancias menores con el peronismo, y no desgarrarse en concesiones y peleas con los legisladores más cercanos al oficialismo. Por ahora, en la Casa Rosada está ganando el bando que prefiere postergar esas negociaciones hasta que se consolide la fragmentación peronista que se observa desde la derrota electoral. La idea de Javier y Karina Milei es hacer algo que no consiguieron en el primer tramo del mandato: fracturar a los bloques legislativos kirchneristas en dos o tres fracciones. Es un plan ambicioso, pero que por ahora sigue lejos de la implantación de una hegemonía.
Hay otra cuestión que pone en duda la idea de un poder consolidado. Con su victoria en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno instaló una novedad: Javier Milei mostró que es capaz de conservar los votos de sectores que había conseguido seducir en 2023, como los pobres del conurbano bonaerense, y que a esa cuenta le agregó la simpatía de personas que habían votado a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich en las instancias previas a esa definición. El politólogo jesuita Rodrigo Zarazaga detectó que sólo en dos circuitos electorales del muy extenso y superpoblado conurbano, los libertarios habían empeorado su cosecha de votos.
Esa firmeza del voto libertario en el voto del Conurbano puede entrar en crisis si se acelera una contradicción que anida en el tipo de crecimiento económico que parece tener en la cabeza Milei.
Si se siguen sus declaraciones públicas, el Presidente está pensando en una segunda etapa de su mandato adornada por anuncios de inversiones en minería y energía. También se publicó la intención de armar centros de datos en la Patagonia. Si se agregan a esos sectores el siempre competitivo mundo agropecuario, se puede llegar a la conclusión de que ninguno de esos bolsones de riqueza estarán ubicados en el conurbano bonaerense, donde vive más de un cuarto de la población argentina y más del 60% de la población de la mayor provincia del país.
Lo que habrá, siempre según el relato oficial, será una fenomenal transferencia de recursos hacia áreas de la Argentina muy poco pobladas y hacia sectores que demandan, en términos generales, poca cantidad de empleados.
Es difícil que una ecuación como esa tenga un futuro político despejado. En la democracia es importante establecer políticas que contemplen a los espacios donde viven los votantes. No hay hegemonía posible si se dejan de lado las vocaciones mayoritarias.
