Guatemala enfrenta un desafío mayor para reducir su vulnerabilidad ante desastres naturales: cada emergencia representa una deuda de desarrollo de casi diez años, lo que subraya la necesidad de integrar la gestión de riesgo en la planificación nacional, según la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Claudine Ogaldes.
De acuerdo con la evaluación del ejercicio, el 46 % del impacto económico registrado entre 2005 y 2019 en el país corresponde a tormentas tropicales, fenómeno que aumentó la urgencia de adoptar políticas estructurales de prevención, según informó el ente.
Durante el periodo que abarca de 2005 a 2019, Guatemala experimentó un impacto económico de USD 10.082.500, atribuible a emergencias de diversa índole.
Este dato, confirmado por CONRED, establece que la prevención resulta menos onerosa para el Estado que la respuesta, la recuperación y la rehabilitación tras una emergencia.
Las tormentas tropicales, que suelen desarrollarse en el país entre mayo y noviembre, se constituyen en la principal causa de daños financieros y sociales, aunque en ocasiones prolongan sus efectos más allá de ese periodo, como ocurrió en enero del año reciente con nuevas inundaciones en Izabal.
La simulación del 24 de febrero reprodujo escenarios equivalentes al terremoto de 1976, con la coordinación del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). Según los datos expuestos, se incluyeron cuatro sismos de diferente magnitud —7,5; 6,4 y 5,1 en la escala de Richter— para evaluar la capacidad de respuesta multisectorial, a fin de verificar los protocolos existentes y su pertinencia en caso de una catástrofe.
Las autoridades enfatizaron que en la actualidad muchos proyectos de inversión ejecutados no han aplicado la Guía para la Reducción de Impactos Potenciales (GRIP), herramienta que establece criterios para seleccionar zonas de construcción en función del riesgo.
Esta omisión ha redundado en la edificación de escuelas y centros de salud en áreas vulnerables, comprometiendo la seguridad y la continuidad operativa de servicios básicos ante eventos extremos.
CONRED detalló que, junto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, elaboraron durante el año anterior proyectos tipo que incluyen criterios de gestión de riesgo y que, una vez aprobados, deberían implementarse como modelos obligatorios en nuevas infraestructuras escolares y sanitarias, con el propósito de salvaguardar su funcionamiento ininterrumpido durante emergencias futuras.
Los especialistas recalcaron que la gestión de riesgo debe ser un eje transversal en todas las etapas de la planificación estratégica y presupuestaria del Estado y sus municipios. “La mayoría de los impactos los tenemos con las tormentas tropicales, que comienzan en el mes de mayo y terminan en noviembre.
Este año terminaron en Izabal, todavía en enero teníamos inundaciones, continuamos con tormentas tropicales y eso nos… el impacto económico es el 46 %”, detalló Ogaldes de CONRED.
Mirando al futuro, la propuesta presentada resalta que la planificación para 2027 debe integrar de manera obligatoria el enfoque de reducción de riesgo, tanto en los lineamientos técnicos como en la asignación de recursos presupuestarios.
El objetivo —insistieron desde CONRED— es que cualquier infraestructura que se construya en Guatemala cumpla criterios de resiliencia y seguridad para sus usuarios y no represente una carga adicional para el desarrollo nacional.
“El centro de la planificación y de toda política pública tiene que ser la población y, como he mencionado, no en base a las necesidades, sino en base a los derechos de las personas”, sostuvo la representante de CONRED. El refuerzo de la capacidad local y la aplicación rigurosa de la normativa vigente se consolidaron como líneas estratégicas para evitar que la atención a emergencias supere los costos de la prevención y garantizar un desarrollo sostenible y seguro para toda la sociedad guatemalteca.
