Ayer 21 de marzo de 2025 la familia de Pablo Grillo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida como querellante en la investigación judicial sobre las circunstancias que dejaron a Pablo en estado crítico en un hospital. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre esos hechos, que ocurrieron durante la marcha de jubilados y jubiladas. La familia cuenta con el patrocinio legal de los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS.
A partir de una serie de registros fue posible identificar al autor del disparo como el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina. “El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y apuntaron: “Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Los organismos patrocinantes de la querella también solicitaron que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Congreso contra manifestantes.
Además solicitaron medidas probatorias como la recolección de los registros audiovisuales de canales de televisión, filmaciones oficiales, listados de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y tipo de municiones utilizadas
