Imagen de archivo de un efectivo policial en la entrada principal del Palacio de Justicia en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar
Asunción (EFE).- La Fiscalía de Paraguay formuló este martes una acusación contra tres exministros y cuatro exfuncionarios que trabajaron durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) por los presuntos delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio, tras una denuncia del exgobernante Horacio Cartes.
El documento no menciona a Abdo Benítez y su exsecretario privado y actual diputado oficialista, Mauricio Espínola, quienes aparecían en la imputación presentada en marzo de 2024 por el ente investigador, en vista de que poseen fueros.
En la acusación de este martes, los fiscales Silvia González y Christian Benítez -que asumieron el proceso tras la renuncia, el lunes, del agente fiscal Guillermo Sanabria- requirieron, además, la apertura de un juicio oral y público en contra de los imputados, según el documento difundido por el Ministerio Público.
La causa responde a una investigación abierta a raíz de una denuncia interpuesta en julio de 2023 por Cartes (2013-2018), quien se declaró víctima desde 2018 de una presunta «persecución» por parte de «personas en el ejercicio del poder político».
Entre los acusados está el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, el extitular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) René Fernández y su antiguo colega de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Adolfo Arregui.
De igual forma, enfrentan la acusación la exviceministra de la Seprelad Carmen Pereira, así como Guillermo Preda, Francisco Pereira y Daniel Farías, todos exfuncionarios de esa institución.
Los acusados, presuntamente parte de «un esquema»
La Fiscalía de Paraguay explicó este martes en un comunicado que los acusados habrían presuntamente «formado un esquema» entre 2021 y 2022 para la «elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera y filtración de pedido de carácter confidencial realizado a través de la Plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que aspiraba a generar investigación penal en contra de adversarios políticos de Abdo Benítez».
En la imputación inicial, presentada el 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público refirió que durante parte del período de Gobierno de Abdo Benítez (2021 a 2022) «se habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña), con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral».
El organismo indicó entonces que Abdo Benítez «habría compuesto su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fiscales del Ministerio Público)».
En julio de 2022, el Departamento de Estado acusó a Cartes de su presunta participación en actos de corrupción, razón por la cual prohibió su ingreso a ese país y, en enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó económicamente al exmandatario y a algunas de sus empresas.
La acusación remitida este martes ante la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera se conoció horas después de que el abogado de Abdo Benítez, Enrique Kronawetter, recusó a los fiscales César Sosa, Elva Cáceres y Osmar Segovia, al titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y una de sus adjuntas, Matilde Moren, debido una supuesta «la falta de objetividad» en este caso.
