A América Latina y el Caribe le sale muy caro ser la segunda región con más desastres naturales del mundo, solo después de Asia-Pacífico. Y no ha habido coordinación ni recursos suficientes para prevenir y atender el coste humano y económico que suponen la media de 62 desastres cada año, desde principios de siglo, entre incendios, sequías, inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra, tormentas o huracanes entre otros. Entre 2000 y 2023, 190 millones de personas, casi el equivalente a la población de Brasil, han sufrido los estragos de los desastres y el Producto Interior Bruto (PIB) de los países ha caído entre 2 y 4 puntos porcentuales.
Solo en 2024, la región se enfrentó a 74 emergencias de gran magnitud ―como los incendios en Colombia, Brasil, Bolivia, y Ecuador y la sequía en el río Amazonas―, que afectaron a siete millones de personas y causaron daños por 10.000 millones de dólares (9.200 millones de euros) ―un monto superior al presupuesto de la ciudad de Madrid para todo 2025, por ejemplo― de acuerdo con cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por esa razón, el BID ha lanzado este sábado, desde la Asamblea Anual de Gobernadores en Santiago de Chile, el programa Preparados y Resilientes en las Américas al que se han adherido 37 países y 16 socios, entre organizaciones internacionales, ONG y sector privado, para lograr en 2030 coordinarse mejor en la atención a desastres y acceder en conjunto y más ágilmente a seguros y a financiación. El BID invertirá 10 millones de dólares en la iniciativa entre 2025 y 2030.
Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID, advierte de que si América Latina y el Caribe quieren lograr mayor desarrollo económico es urgente abordar la gestión de desastres naturales de una forma mucho más eficiente y organizada que como se ha hecho hasta ahora. “Cada dólar que se invierta en reducir el riesgo evita, en promedio, cuatro dólares de pérdidas por desastres”, agrega la economista desde Santiago de Chile en una entrevista por videollamada. El problema actual, explica, es que los países no tienen suficientes datos para reducir los riesgos. “Hoy no tenemos muy claro cuáles son las amenazas que enfrentan los países, cuáles son las regiones dentro de los países que tienen un mayor riesgo de tener un desastre natural ni cuáles son las inversiones que se tienen que priorizar y hacer”, describe Ibáñez. Por eso, continúa, los Estados se habían volcado en ejecutar recursos cuando los desastres ya habían ocurrido y apenas unas pocas subregiones trabajaban de forma conjunta.
Cada dólar que se invierta en reducir el riesgo evita, en promedio, cuatro dólares de pérdidas por desastres
Ana María Ibáñez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID,
Esta advertencia la había hecho también la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riegos de Desastres (UNDRR) hace unas semanas en su más reciente Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres. Menos del 1% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ―los préstamos o donaciones que se destinan a países en desarrollo― se destina a evitar o reducir el riesgo. Además, Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR, había alertado, en una entrevista con América Futura, de que el 78% de la inversión que hacen los países se gasta en responder a los desastres, cuando “se estima que es entre cuatro y siete veces más caro reaccionar que prevenir”.
La primera tarea de Preparados y resilientes será ayudar a la región a tener datos más desagregados para saber dónde hay mayor riesgo de desastres, qué poblaciones son vulnerables y cuánto podría costar prevenir y actuar ante un evento de estos. Eso permitiría, por ejemplo, tener información de antemano para construir infraestructura resiliente a desastres, como un puente que soporte seísmos o inundaciones sin que se venga abajo. Los datos también abrirán la puerta a un programa de “protección social adaptativa” que permitirá planear transferencias monetarias a hogares en zonas de alto riesgo. “Si tenemos datos mucho más granulares y, por ejemplo, sabemos que se vienen lluvias extremas y que hay ciertas zonas que se pueden inundar, podemos enviar esas transferencias para que los hogares puedan reaccionar antes y no sufrir pérdidas materiales tan altas”, explica Ibáñez.
La segunda estrategia que se activará en los próximos cinco años será crear un mecanismo para que países, organismos internacionales y el sector privado puedan cooperar en la gestión de desastres. Esto permitirá disponer anticipadamente de herramientas y servicios para atender emergencias. “Pensemos, por ejemplo, en los incendios. Estos requieren de aviones y helicópteros especializados que son demasiado costosos como para que un país los tenga fácilmente a disposición. Con estas alianzas público privadas y con coordinación regional podemos tener disponibles estas aeronaves para cuando suceda el desastre”, describe Ibáñez. Eso, por ejemplo, lo sufrió Colombia en 2024 en la temporada de incendios. Allí, el fuego que no se puede apagar por tierra es extinguido por helicópteros que presta la fuerza aérea a través de convenios. Pero, el año pasado, ante los múltiples puntos calientes, no había suficientes unidades y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres elevó una petición al Gobierno Nacional para comprar helicópteros de dedicación exclusiva a emergencias.
Este segundo componente de Preparados y resilientes, además, buscará cooperar con redes subregionales de atención a emergencias que ya existen como el Caribbean Disaster Emergency Management Agency (Cdema), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana (Cepredenac) o el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Caprade). “No pretendemos sustituir estas redes”, aclara Ibáñez, “lo que queremos es impulsar sinergias, con la convocatoria que tiene el BID, y vincular también al sector privado”.
Elizabeth Riley, directora ejecutiva de Cdema, reconoció este jueves, en un foro en el marco del Encuentro de Gobernadores del BID en Chile, que su agencia, que agrupa a 20 países del Caribe, está interesada en alianzas con el sector privado y con otros mecanismos de financiación. “El ritmo en el que cambia el clima es mucho más rápido que el ritmo en el que desarrollamos resiliencia […] Tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento que incluyan al sector privado”, ha asegurado Riley en su intervención en el foro. Luego, en respuesta a preguntas de este diario, la directora ejecutiva de Cdema expresó que prevén colaborar con el nuevo programa del BID.
El ritmo en el que cambia el clima es mucho más rápido que el ritmo en el que desarrollamos resiliencia
Elizabeth Riley, directora ejecutiva de Cdema
Precisamente, como tercer componente de Preparados y resilientes, el BID apoyará a los países para que accedan más fácilmente a seguros, créditos y otras herramientas financieras para la prevención y atención de desastres. Ibáñez explica que si los países se asocian, “pueden compartir los riesgos [de los instrumentos financieros] y reducir los costos de aseguramiento”. Se espera que el BID lance las primeras herramientas en 2026.
