Con America First como eje central, Donald Trump ha tomado medidas que reconfiguran la relación de Estados Unidos con América Latina. Desde la emergencia en la frontera sur hasta la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, sus decisiones ya están generando tensiones y desafíos en la región.
Las primeras semanas de la presidencia de Donald Trump han sido cruciales para determinar la política estadounidense, y Latinoamérica se prepara para sus cambios. Desde amenazar con una intervención militar en México, hasta imponer aranceles del 25% a Colombia por rechazar sus aviones militares con migrantes. Con America First como el eje central de su campaña, su política tendrá un enfoque especial en la seguridad del territorio estadounidense.
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En el primer día de su mandato, Trump declaró la situación de la frontera sur una emergencia nacional. Aunque las regulaciones sobre organizaciones terroristas siempre han estado enfocadas en grupos de origen yihadista, la orden ejecutiva que declara a los carteles como organizaciones terroristas globales (FTO) plantea nuevos desafíos. Esta medida afecta tanto a los estados latinoamericanos como a las empresas que operan bajo sus jurisdicciones.
América Latina bajo la política ‘America First’
Este término se utilizó por primera vez en 1916, durante la administración de Woodrow Wilson, cuando Estados Unidos declaró su neutralidad en la Primera Guerra Mundial. America First implica concentrarse en lo local en lugar de lo global para asegurar la estabilidad de EE.UU.
Sin embargo, el actual Secretario de Estado, Marco Rubio, es hijo de padres migrantes cubanos. Aclara que, en 2025, esta política aislacionista incluirá un enfoque en el hemisferio occidental. Expresando en sus preocupaciones: «la política exterior estadounidense se ha centrado durante mucho tiempo en otras regiones y ha pasado por alto la nuestra. Como resultado, hemos dejado que los problemas se agraven, hemos perdido oportunidades y descuidado a nuestros socios. Eso se acaba ahora».
La política exterior del gobierno enfatiza el peligro de la crisis migratoria. Categorizando esta como una «invasión». Frente a la cual han tomado medidas estrictas y promueven el uso de la diplomacia. Buscan cooperar con los países de origen para frenar y desalentar nuevos movimientos migratorios, además de aceptar el regreso de sus ciudadanos en el extranjero.
Pero, ¿hasta qué punto esta cooperación es voluntaria? En un principio, el presidente Gustavo Petro de Colombia rechazó dos aviones militares estadounidenses que llevaban deportados. Por lo cual Trump no dudó en imponer aranceles generales del 25% y acompañar esta medida con la revocación de visados, medidas que devastarían la economía colombiana. No obstante, por medio de la negociación, superaron el «impasse». Esto comprueba que Estados Unidos no se exaltará en utilizar su influencia para cumplir sus intereses.
El fentanilo y otras drogas en América Latina
America First busca fortalecer las relaciones comerciales de Estados Unidos con el resto de América, poniendo un énfasis especial en reducir la influencia de China en la región. En los últimos años, el comercio entre China y América Latina ha crecido exponencialmente. Pasó de representar solo el 2% de las exportaciones regionales a superar los $450 mil millones en 2021.
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Posicionándose como el segundo socio comercial más importante, siguiendo a Estados Unidos. Es más, se prevé que para el 2035 China supere los 700 mil millones de dólares estadounidenses, representando una amenaza para el dominio estadounidense. Sin embargo, ¿cómo esto contribuye a la inseguridad? La confrontación económica con China por Estados Unidos puede traer repercusiones para las redes criminales latinoamericanas.
En el 2024, China inauguró su decimocuarto puerto en Latinoamérica, estando este en Chancay, Perú. Infraestructura con potencial de ser aprovechada por FTO, dado su historial. Además, se han detectado actividades ilícitas de origen chino en el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. La participación de estos actores en el crimen organizado de América Latina está desde el lavado de dinero hasta tráfico de personas y pesca ilegal.
A pesar de las medidas regulatorias adoptadas por China en 2019 para controlar el flujo de fentanilo y sus precursores, los grupos criminales mexicanos han encontrado nuevas formas de operar. Ahora obtienen los precursores en China, los procesan en México y luego trafican la droga hacia EE.UU.
La presión sobre México para controlar sus problemas internos sigue en aumento. Esto se debe a la posibilidad de que el ejército estadounidense intervenga para combatir el crimen organizado que cruza la frontera.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien en un principio mostró disposición para colaborar con Estados Unidos en el control fronterizo, ahora responde con firmeza a la idea de una intervención militar. Ante estas declaraciones, expresó: ‘Que empiecen por su país, o qué, ¿no tienen carteles allá? ¿No tienen delincuencia organizada? Ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos.
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El hecho de que EE.UU. haya declarado a los carteles de drogas como organizaciones terroristas podría fortalecer la respuesta de las instituciones de seguridad. Es más, ya existe una orden ejecutiva que protege a Estados Unidos de actores extranjeros que amenazan su seguridad y explotan las leyes de inmigración con fines malintencionados.
Sin embargo, esto no significa que la respuesta de las fuerzas armadas será una intervención directa en territorio mexicano. No obstante, cualquier acción tendrá un mayor impacto al abrir la posibilidad de una operación militar estadounidense contra estos grupos.
Impacto en negocios estadounidenses en otros territorios
Asegurar la frontera sur no solo ha tenido un impacto en las leyes de inmigración. Además, designar a los carteles de droga como organizaciones terroristas aumenta el riesgo legal para empresas estadounidenses y extranjeras.
Designarlos de tal manera genera nuevos riesgos para quienes realizan negocios transfronterizos en estas jurisdicciones si sus operaciones entran en contacto con estos grupos. Es por esto que administraciones anteriores lo consideraron, pero no lo hicieron.
Es la primera vez que grupos criminales con fines lucrativos aparecen en la lista de FTO. Su inclusión marca una diferencia radical, ya que sus motivaciones son distintas a las políticas o religiosas de otros grupos terroristas. Múltiples cárteles de droga, empresas e individuos asociados han sido sancionados por la OFAC, incluyéndolos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List).
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El programa de Narcotraficantes Significativos fue introducido en la orden ejecutiva 12978 de Clinton y la Ley Kingpin le otorga esta autoridad. Una vez incluidos en la SDN List, los riesgos de sanciones civiles y penales son tanto para los ciudadanos estadounidenses como para los extranjeros. Ni estadounidenses ni extranjeros pueden realizar transacciones con ellos. Adicionalmente, los extranjeros vinculados a EE.UU. que brindan apoyo material a personas o entidades de la lista corren el riesgo de ser incluidos en ella.
Empresas han sido acusadas anteriormente por el Departamento de Justicia por brindar apoyo material al terrorismo. Un ejemplo reciente de esto es el caso de la empresa cementera francesa Lafarge S.A. En 2022, la compañía se declaró culpable de brindar apoyo material al terrorismo tras realizar transacciones comerciales con ISIS. Como consecuencia, tuvo que pagar una multa de 778 millones de dólares.
No obstante, la situación con los carteles es aún más compleja. Tanto ellos como sus entidades afiliadas han logrado infiltrarse en diversos sectores comerciales de Latinoamérica. Las implicaciones de la complejidad del escenario resaltan la relevancia en su designación como FTO.
La utilidad de esta medida radica en el desarrollo de una ley penal específica, que antes no contemplaba el apoyo material a los nuevos FTO. Además, permite a EE.UU. ampliar su alcance extraterritorial al aplicar su justicia. También abre la posibilidad de enfrentar responsabilidad legal y decomiso civil. Todo esto conforme a los 18 U.S.C. § 2333 y 18 U.S.C. § 2339A and § 2339B.
De acuerdo con la Ley Antiterrorista, designar a los cárteles como organizaciones terroristas tiene implicaciones legales. Esta medida expone a los bancos y otras contrapartes comerciales al riesgo de litigios.
Conclusión
Las medidas de la administración del presidente Donald Trump en sus primeras semanas en el poder han creado un ambiente hostil en América Latina. Desde los desafíos en el ámbito comercial con sus tarifas, hasta denominar a los cárteles de narcotráfico organizaciones terroristas extranjeras, el gobierno estadounidense logró que las tensiones en la región incrementen. Bajo la fragilidad de estas, las empresas deben tomar medidas cautelosas para no perjudicarse.
Si Estados Unidos decide intervenir militarmente en México sin autorización, sería casi inevitable la violación del derecho internacional, generando una reacción diplomática internacional. Que los terroristas yihadistas y los terroristas del crimen organizado sean denominados FTO no quiere decir que el acercamiento para erradicarlo es igual, dadas sus motivaciones distintas, aunque a veces trabajen en conjunto.
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Que Marco Rubio sea el Secretario de Estado puede representar priorización en Latinoamérica, pero el enfoque antimigratorio no va a solucionar las causas raíz subyacentes al crimen organizado, ya que America First limita la cooperación internacional necesaria.
Las empresas estadounidenses y extranjeras que operan en la región podrían actualizar su evaluación de riesgos. También deberían revisar sus políticas y procedimientos de diligencia para identificar posibles interacciones con cárteles y sus socios.
Además, es fundamental que evalúen posibles señales de actividades ilícitas entre sus clientes. Para ello, deben establecer controles internos adecuados que les permitan evitar violaciones a las nuevas disposiciones de EE.UU.
Las políticas de Trump traerán contratiempos en su implementación. Conjuntamente, las entidades criminales operan en territorios donde el poder de Estados Unidos es limitado. Es posible que ofrezcan a otros estados entrenamiento o financiamiento, pero no una intervención directa. Los cambios en la región por su lucha contra los FTO no parece que tendrán un cambio que perdure a largo plazo.
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