Suele afirmarse que una imagen vale más que mil palabras.
Habría que bucear en la memoria inmediata un suceso parecido al de esta mañana en el barrio La Gloria II. Un grupo de «mujeres y hombres» se ubica frente a la gran máquina y pide que el Estado se retire del lugar. Tal vez sea el primer incidente que atraviesa la gestión de Mariel Fernández en un territorio popular, organizado que autogestiona su obra pública.
El Ejecutivo presente con la poderosa Secretaria de Obras Públicas, María Giménez, secundada por dos concejales territoriales, Gonzalo Galeano y Lucas Franco; un cuerpo de trabajadores municipales listos para acompañar el avance de la máquina. La tensión en aumento, discusiones abiertas que desnudan un modo clásico: «convencer individualmente», táctica exitosa si logra evitar una organización o bien desalentarla.
En lo concreto el plan de limpieza en esa esquina de Lavarden y Azteca fue paralizado por la férrea decisión territorial de quienes denuncian «violencia y maltrato institucional». Junto a ellos /as la abogada Anahí Sanchetta que pudo radicar la denuncia IPP N° 19 -00- 14977 – 25 en la Fiscalía N° 5.
Con la presencia del concejal Pablo Lopardo, MST Frente de Izquierda, se logra entender que «cualquier mejora», más en las actuales circunstancias, demanda una mesa de diálogo con todas las familias que construyeron viviendas de material cerca del hilo de agua. Parece alcanzarse un acuerdo, las autoridades no desean ni armar ni firmar un acta. Se cree que fueron labradas «algunas contravenciones», acción que incorporará al Juzgado de Faltas en el complejo escenario.
La organización vecinal se convoca para mañana, bien temprano. A las 9 horas se produciría una reunión para mediar, acordar mejoras, construir diálogo entre la comunidad y el Estado o si recuerdan, la comunidad organizada.
