En un documento difundido el 4 de abril, los obispos uruguayos argumentan que la vida humana posee una dignidad inherente e incondicional, y que adelantar deliberadamente la muerte de un paciente, aún con su consentimiento, “no es éticamente aceptable”.
Foto: Ignacio Sánchez.
En un extenso comunicado, los obispos uruguayos cuestionaron el proyecto de ley que busca despenalizar la eutanasia y advirtieron sobre sus consecuencias éticas, jurídicas y sociales. El Parlamento retomó este año la discusión sobre el tema.
La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) emitió una declaración pública en la que manifiesta su rechazo al proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En el documento, los obispos argumentan que la vida humana posee una dignidad inherente e incondicional, y que adelantar deliberadamente la muerte de un paciente, aún con su consentimiento, “no es éticamente aceptable”.
“La eutanasia implica un acto de homicidio en contexto clínico”, expresa el texto difundido el pasado 4 de abril desde la ciudad de Florida, donde se encontraba reunido el episcopado.
“Tampoco es éticamente aceptable causar la muerte de un enfermo. El médico nunca debería ser partícipe de una conducta que cause activamente la muerte a otro ser humano. Matar al enfermo no es ético ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento”, afirman.
La declaración se da en un contexto en que el Parlamento uruguayo retomó el debate legislativo sobre el tema, con un nuevo proyecto que busca regular este tipo de prácticas en situaciones de enfermedades graves, incurables o terminales.
La CEU destaca que la dignidad de la persona no depende de su autonomía ni de su estado de salud, y advierte sobre los peligros de establecer legalmente diferencias entre vidas “con valor social” y otras consideradas “eutanasiables”. En este sentido, alertan sobre una posible “pendiente resbaladiza” que podría derivar en presiones sutiles sobre pacientes vulnerables, una desvalorización de la muerte natural, y contradicciones con las políticas de prevención del suicidio.
“Jurídicamente, un proyecto en favor de la eutanasia implica cambiar el valor fundamental de la vida humana y su carácter de ser un derecho humano básico que no se puede disponer, ni renunciar. Esto es contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”, sostiene la declaración.
En contraposición, la Iglesia propone un “esperanzador sí a la vida” y defiende el desarrollo y acceso efectivo a los cuidados paliativos, a los que describe como “la mejor expresión del deseo profundo de la mayoría de las personas que no quieren ver sufrir a un ser querido ni tampoco provocarle la muerte”.
Los obispos uruguayos reconocen el derecho del paciente a rechazar tratamientos extraordinarios o ineficaces —tal como lo prevé la Ley de Voluntad Anticipada (18.473)—, pero subrayan que eso no puede confundirse con la provocación activa de la muerte, algo que consideran contrario tanto a la ética médica como a los principios jurídicos vigentes.
“La eutanasia no es un acto médico, ni éticamente aceptable, ni compatible con la dignidad humana”, afirman, al tiempo que llaman a los legisladores a actuar “a la luz de los Derechos Humanos” y piden a toda la sociedad un compromiso con el cuidado y acompañamiento de las personas en la etapa final de su vida.
La declaración cita documentos eclesiales recientes, como Dignitas infinita del Vaticano, y reafirma la convicción de que toda vida, incluso en el sufrimiento, conserva su valor absoluto. “Solo así podremos llegar con paz y dignidad al momento final, como lo hizo Jesús en su agonía”, concluyen.
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