La Iglesia manifestó su desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad por considerar que “no es necesario” porque “los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total” y “la solución de fondo es mucho más compleja y requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo” que posibilite «ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes”.
“Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, dice la comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en una declaración titulada “Más oportunidades que penas: No se trata de bajar la edad de imputabilidad; sí de asumir cambios profundos”.
En ese sentido, señala: “Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas, que los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia”, a la vez que subraya que “es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida” a los menores.
El Poder Ejecutivo envió a mediados del año pasado un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad de los 18 años actuales -con un régimen especial para los que tienen 16 y 17 años- a 13 años, con el fin de “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores”.
Los obispos comienzan “expresando en primer lugar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.
“Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen”, señalan.
Citan la Estadística del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional correspondiente al 2023 (últimos datos publicados) que arroja que “en los casos de homicidio doloso, los inculpados menores de 14 años fueron sólo el 0,64 % del total, y los inculpados menores de entre 15 y 19 años , el 13,12 %”, entre los principales delitos.
Más adelante dicen: “Nos preguntamos: si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?”.
“ Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años”, dicen y destacan: “Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.
Y agregan “Nos preguntamos: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación”.
“También podemos preguntarnos todos -añaden los obispos-: ¿qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”.
Consideran “imprescindible comprender que es necesario promover una ‘cultura del cuidado´ que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona” y señalan que “el Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito”.
