¿La independencia judicial en América Latina está amenazada por Trump? HWR responde

Bloomberg Línea — La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está interfiriendo en la independencia judicial de Brasil y Colombia, dijo la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, a Bloomberg Línea.

El regreso de Trump a la Casa Blanca además ha “envalentonado a líderes que ya tenían características autoritarias en la región” y evidenciado que no existe “una estrategia clara” de política internacional frente a Venezuela, según Goebertus.

Bloomberg Línea conversó con ella dos días después de que Estados Unidos sancionara a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, acudiendo a la Ley Magnitsky, diseñada para castigar a ciudadanos extranjeros involucrados en corrupción y violación de derechos humanos.

De Moraes conduce el juicio contra Jair Bolsonaro por presuntamente planificar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva y es el principal señalado por Trump por una supuesta “cacería de brujas” contra el exmandatario brasileño.

La entrevista con Goebertus también se produjo mientras una jueza colombiana condenaba a 12 años de cárcel al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a quien halló culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo ya había sido cuestionado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Ver más: Orsi y Lula desplazan a Milei y Noboa como los presidentes más populares de Sudamérica

“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, escribió Rubio en X. “La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

En ese contexto, Bloomberg Línea preguntó a Goebertus acerca de la injerencia de Trump en la independencia judicial de la región y el actual panorama en materia de derechos humanos:

Bloomberg Línea (BL): ¿Qué opinión le merece la sanción de Trump al juez Alexandre de Moraes en Brasil valiéndose de la Ley Magnitsky?

Juanita Goebertus (JG): Estamos muy preocupados. Hay una clara afrenta en contra de la independencia judicial brasileña. La Ley Magnitsky está diseñada para sancionar personas vinculadas en corrupción o graves violaciones de derechos humanos, casos de tortura, asesinatos, en fin.

De Moraes es un juez que ha sido un bastión fundamental de la defensa de la democracia en Brasil y cuya única responsabilidad es ser profundamente odiado por los bolsonaristas por haber defendido los resultados electorales en Brasil y haberse opuesto al intento de golpe en enero de 2023.

BL: La sanción de Estados Unidos contra de Moraes se asemeja a las sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). En ambos casos, las medidas fueron tomadas en defensa de aliados suyos, Bolsonaro y Benjamín Netanyahu: el primero, procesado por presunto intento de golpe de Estado, y el segundo, con orden de captura por crímenes de lesa humanidad. ¿No debería ser este un llamado de alerta a la comunidad internacional?

JG: Sí. El paralelo es muy cierto. Trump ha buscado quitarle recursos y apoyo a la CPI, en principio para defender a Netanyahu, aunque ha debilitado a la Corte, incluso en asuntos que podrían ser de interés del gobierno Trump, como la investigación contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Sin duda, hay un uso indebido del régimen de sanciones para interferir en la independencia judicial. Cosa distinta fue lo que hizo la administración Biden en el caso de Guatemala contra la fiscal general Consuelo Porras: ella hizo un uso político de la acción penal para perseguir a jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción o para perseguir de manera arbitraria a periodistas.

BL: ¿Qué pensar de Trump cuando sanciona al juez brasileño y a miembros de la CPI, a la par que adelanta conversaciones con el Gobierno de Maduro?

JG: En el caso de Venezuela, francamente, la administración Trump no ha tenido una estrategia clara, ni siquiera una con la que uno pueda estar en desacuerdo.

Ha tenido posiciones supremamente erráticas a través de su enviado especial, Richard Grenell, negociando la liberación de presos a cambio del restablecimiento de permisos para la exportación de petróleo, que podrían explicarse desde un punto de vista de interés económico. Pero, del otro lado, ha tenido posiciones para limitar cualquier posibilidad de protección internacional para personas que han defendido la democracia.

BL: ¿La lucha de Trump por el retorno a la democracia en Venezuela se ha quedado en lo discursivo y dejó abandonados a los venezolanos?

JG: En el último intercambio de prisioneros, si bien permitió la liberación de los 252 venezolanos que habían sido deportados de manera arbitraria a El Salvador, todos fueron entregados directamente al régimen al que Estados Unidos dice supuestamente oponerse, incluyendo personas que eran legítimos solicitantes de asilo por haber tenido persecución directa, previa, en Venezuela.

BL: Desplazándonos al contexto colombiano, ¿qué implicaciones tiene el pronunciamiento de Marco Rubio señalando a la justicia colombiana de estar instrumentalizada tras la condena del expresidente Álvaro Uribe?

JG: Es, francamente, una nueva injerencia en contra de la independencia judicial.

Colombia tiene un poder judicial independiente y los mecanismos de escogencia de jueces han garantizado que ningún sector político controle completamente la administración de justicia. Este ha sido un proceso en el cual el expresidente Uribe ha podido presentar su defensa y tiene recursos a interponer.

Lo que ha encontrado la juez en primera instancia es evidencia creíble de la comisión de fraude procesal y de soborno de testigos. Y los hechos se habrían dado en el marco de un proceso por violaciones a derechos humanos, lo cual es supremamente grave. De ahí que, de ninguna manera, puede el gobierno de Estados Unidos interferir en la administración de justicia colombiana.

BL: ¿Preocupa que líderes políticos en la región como Daniel Noboa, en Ecuador, y Nayib Bukele, en El Salvador, sigan los pasos de Trump?

JG: Por supuesto que la elección de Trump envalentona a líderes que tenían ya características autoritarias en la región, en particular porque Estados Unidos en tiempos recientes fue un actor fundamental en América Latina para ayudar a avanzar en materia de derechos humanos y ya no existe ese contrapoder. Estados Unidos ha dejado de defender el Estado de derecho y los derechos humanos.

Dicho eso, con estos líderes: Bukele en El Salvador, con tres años de régimen de excepción, además de 86.000 personas detenidas sin debido proceso, y Noboa en Ecuador, declarando un conflicto armado, a pesar de que la Corte Constitucional le ha dicho que no existe tal cosa —por no hablar de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son dictaduras ya establecidas—, tenemos en la región fenómenos de inmenso crecimiento del autoritarismo.

Estos fenómenos anteceden la elección de Trump, pero se envalentonan y se pierden mecanismos de pesos y contrapesos una vez llega al poder.

BL: Además del abuso a la independencia judicial, HRW ha denunciado el atropello a los derechos humanos y los ataques a la sociedad civil durante la administración de Trump, ¿cómo afrontar esta coyuntura?

JG: Yo sigo creyendo que, en los peores momentos, y si algo de eso sabemos en América Latina, es que, cuando hay líderes autoritarios, es una sociedad civil fuerte y organizada, así como un periodismo de investigación riguroso, los que pueden ejercer una resistencia suficiente para eventualmente permitir procesos de redemocratización.

Trump sabe eso y por eso ha tomado distintas medidas para debilitar a la sociedad civil a través del recorte de fondos internacionales, pero además con ataques directos a organizaciones y amenazando con quitarles sus estatus de impuestos, entre otras medidas. Por fortuna, en Estados Unidos hay una sociedad civil supremamente fuerte que no se enfrenta por primera vez a este tipo de hechos.

Ver más: Lista de los nuevos aranceles de Trump en Latinoamérica: países con tarifas más altas