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sábado, junio 7, 2025

La Justicia de Guatemala pide la detención del exministro de Colombia Iván Velásquez por el caso Odebrecht

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La Justicia de Guatemala ha emitido este lunes una orden de captura contra el exministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez y la fiscal general del país, Luz Adriana Camargo, por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco del caso de corrupción Odebrecht.

Así lo ha anunciado el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del país centroamericano, Rafael Curruchiche, en un vídeo difundido en la red social X, en el que ha señalado asimismo que se ha notificado una alerta a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que «dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país».

Velásquez, que trabajó junto a Camargo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), está acusado de dirigir una «estructura criminal» con la que favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales», esto es, unos 340 millones de euros.

Por esta misma causa, la Justicia guatemalteca ha «decretado en rebeldía» y emitido una orden de busca y captura contra otras ocho personas, incluidos ex altos cargos y exfuncionarios del país.

«El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley», ha asegurado el fiscal.

Velásquez ha cargado contra Cuchurriche así como contra la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, porque, según ha señalado, «extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí». Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio», ha agregado en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

La Fiscalía de Guatemala ya señaló al que ha sido ministro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, a principios de 2023, por la presunta aprobación de acuerdos de cooperación irregulares con dos directivos brasileños de la consultora Odebrecht que habría tenido lugar en 2017.

Redacción

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