La Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocó este lunes la medida que permitía la prisión domiciliaria a José Rubén Zamora Marroquín, periodista encarcelado desde julio de 2022 bajo cargos aún no probados en ningún proceso judicial firme.
El máximo tribunal del país falló a favor de mantener la detención preventiva luego de estudiar un recurso presentado por el Ministerio Público, en respuesta a una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia que había autorizado su salida de prisión en uno de los procesos que tramita en su contra.
La decisión, adoptada por cuatro magistrados contra uno, desestimó lo resuelto en junio por la Corte Suprema. En esa ocasión, el pleno había anulado la orden de la Sala Tercera de Apelaciones, que se pronunciaba por la continuidad de la prisión. Solo el magistrado Rony López votó en contra de la revocatoria, cuestionando que se estaban vulnerando derechos fundamentales del periodista.
Con la anulación, el beneficio del arresto domiciliario queda sin efecto, dejando a Zamora en una situación jurídica indefinida pese a la ausencia de sentencia y a los múltiples recursos planteados por su defensa.
Zamora Marroquín, fundador y ex director de El Periódico, fue capturado el 29 de julio de 2022, acusado de lavado de dinero y obstaculización a la justicia. El proceso comenzó días después de que el periodista publicara documentos y reportajes de alto impacto sobre supuestos actos de corrupción en la administración del entonces presidente Alejandro Giammattei y funcionarios de su entorno más cercano. Las diligencias judiciales derivaron en prisión preventiva inmediata, exceptuando un corto período de tres meses donde el comunicador pudo contar con la medida sustitutiva de arresto domiciliario antes de la reciente revocatoria.
Desde su detención, Zamora no ha recibido una sentencia en ninguno de los procesos que enfrenta. El avance de los expedientes permanece estancado y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y prensa internacional, quienes sostienen que los cargos son falsos, infundados o constituyen represalias por su labor periodística.
“Las acusaciones en contra de Zamora carecen de fundamento y buscan acallar la crítica y el periodismo de investigación en Guatemala”, han afirmado distintas entidades, como Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y Human Rights Watch.
El contexto judicial en torno al caso se agrava por los señalamientos de corrupción y persecución política dentro del Ministerio Público. La cúpula del ente investigador, que promovió la detención y las acciones legales contra Zamora Marroquín, aparece sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, cuya postura crítica advierte sobre un deterioro del Estado de derecho, la libertad de prensa y el debido proceso en Guatemala.
Durante la última audiencia, la Corte de Constitucionalidad resolvió reinstaurar la prisión preventiva después de evaluar el recurso presentado por el Ministerio Público, liderado por fiscales que se encuentran en la lista de figuras sancionadas internacionalmente por obstrucción a la justicia y violaciones a garantías básicas. El tribunal argumentó que existen riesgos procesales, aunque en la práctica, la medida impide que Zamora avance hacia una resolución legal de su situación.
El caso de José Rubén Zamora ha generado una ola de solidaridad local e internacional. Diversas organizaciones han insistido en la necesidad de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran su detención como arbitraria, más aún ante la falta de un juicio claro, condenas firmes o evidencias independientes que sustenten las acusaciones esgrimidas por las autoridades.
En 2021, un año antes de su captura, Zamora fue reconocido por el Rey Felipe VI de España con el premio a medio destacado de Iberoamérica por la labor de El Periódico, diario que marcó pauta en las investigaciones acerca de corrupción institucional en Guatemala. El cierre del matutino, poco después de la detención del periodista, fue leído por analistas y defensores de la libertad de expresión como prueba del impacto de la presión judicial ejercida sobre medios independientes.
