La Justicia Federal de San Martín dictó una medida cautelar que suspende, por un plazo de seis meses, la posibilidad de que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) interrumpa el suministro de agua potable o cloacas por falta de pago. Esta medida, con efecto inmediato aun si es apelada, bloquea la aplicación del Decreto 493/2025, que había modificado más de 100 artículos del marco regulatorio de la empresa para habilitar estas interrupciones, en el marco de un plan de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
La resolución fue firmada por la jueza Martina Forns, tras una demanda presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores junto con Consumidores Libres. El fallo beneficia a más de 8 millones de personas en municipios como La Matanza, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Febrero y Vicente López, dentro de un área metropolitana donde AySA presta servicios a 12 millones de habitantes.
La magistrada declaró la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del decreto, al considerar que implica una regresión normativa que afecta directamente la salud, la vida y la seguridad de la población, además de impactar en el medio ambiente. El agua y el sistema de desagües cloacales, recordó, son esenciales para el saneamiento básico y no deben ser interrumpidos ante situaciones de mora.
El abogado Horacio Bersten, representante de la Unión de Usuarios y Consumidores, sostuvo que los cortes en este tipo de servicios serían “crueles” y que, en el caso del agua y cloacas, colocarían a la población en condiciones de insalubridad extremas. A su vez, destacó que interrumpir el servicio de cloacas no solo es inviable por costos y procedimientos, sino que solo serviría como mecanismo de presión contra los usuarios.
Claudio Boada, de la misma entidad, recordó que AySA ofrecía planes de pago flexibles, especialmente para familias con tarifa social, que podían reducir significativamente sus deudas. Sin embargo, denunció que las oficinas físicas en el conurbano bonaerense fueron cerradas y reemplazadas por atención virtual, lo que complicó el acceso de los sectores más vulnerables.
El oficialismo argumenta que la privatización permitirá mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura, pero los antecedentes entre 1993 y 2006, cuando la empresa era privada, muestran que solo se cumplió la mitad de las inversiones prometidas, se priorizaron zonas rentables y se registraron subas de tarifas del 88% real, con casos de contaminación del agua y una cobertura de cloacas que apenas creció del 53% al 62%.
La decisión judicial protege, según el abogado Ariel Caplan, “un derecho humano esencial consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales”, recordando que el acceso al agua y saneamiento es un pilar para una vida digna y no un servicio que pueda interrumpirse por incapacidad de pago.
