El Juzgado Federal N°2 de La Plata determinó la suspensión del decreto que disponía la transformación del Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. La medida fue adoptada por el juez Alejo Ramos Padilla, quien consideró que el Poder Ejecutivo excedió las facultades que el Congreso le otorgó en la Ley Bases.
A través de una medida cautelar, la Secretaría 4 del Juzgado ordenó la suspensión de los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/25 y dispuso que tanto el Estado Nacional como el Banco Nación se abstengan de realizar acciones para su implementación. Asimismo, se solicitó a las autoridades demandadas que en un plazo de cinco días presenten un informe que justifique el interés público detrás de la decisión gubernamental.
La disposición del Gobierno generó una fuerte reacción por parte de distintos sectores. Desde la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, expresaron su total rechazo al señalar que la iniciativa carece de fundamentos y que podría representar un negociado perjudicial para el país. En un comunicado, el gremio calificó la decisión como una posible «estafa» y se preguntó a quiénes beneficiaría la privatización del banco más rentable del sistema financiero argentino.
Por otro lado, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, también criticó la medida al advertir que afectaría gravemente a miles de pequeñas y medianas empresas, así como a productores agropecuarios que dependen de la institución para su financiamiento.
El fallo judicial refuerza una decisión previa del mismo magistrado, quien en septiembre de 2024 ya había frenado un intento de privatización del Banco Nación al dictaminar que cualquier modificación en la estructura de la entidad requería la aprobación del Congreso. En ese momento, el Gobierno había impulsado el proceso a través del DNU 70/2023 y la resolución 348 del directorio del banco, lo que generó una respuesta judicial en defensa del carácter público de la institución.
De este modo, la suspensión de la transformación del Banco Nación en sociedad anónima marca un nuevo revés para la administración de Javier Milei en su intención de reformar el sistema financiero estatal.
