El Juzgado Federal N°2 de Catamarca amplió a nivel nacional un amparo colectivo que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad a devolver los haberes retenidos y detener las suspensiones. El organismo tiene un plazo de 24 horas para cumplir con la resolución.
Un fallo judicial con alcance nacional marcó un fuerte revés para el Gobierno en su política de recorte de pensiones por discapacidad. El Juzgado Federal N°2 de Catamarca ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir de inmediato todas las pensiones suspendidas en el país y abonar los montos adeudados a sus beneficiarios.
La resolución, que otorga un plazo de apenas 24 horas para su cumplimiento, también dispone que el organismo se abstenga de continuar con las auditorías en curso y frene cualquier nueva suspensión de pensiones no contributivas por incapacidad laboral, hasta que exista una sentencia definitiva.
Este fallo amplía a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había sido concedido en septiembre pasado en la provincia de Catamarca, luego de que miles de beneficiarios vieran interrumpidos sus haberes a raíz del decreto presidencial 843/2024, que habilitó auditorías masivas.
El recurso judicial fue impulsado por un conjunto de organizaciones y especialistas en derechos humanos, entre ellas la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. También se sumaron personas afectadas de forma individual por la suspensión de sus pensiones.
Con esta resolución, la Justicia ratifica que el Estado debe garantizar la continuidad de las prestaciones sociales destinadas a personas con discapacidad, al considerar que su interrupción vulnera derechos fundamentales reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales de derechos humanos.
