La Justicia confirmó que los radares podrán seguir funcionando en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que no se ha ordenado «por el momento» medida cautelar alguna que imposibilite a la Provincia y Municipios recaudar a través de infracciones.
Eso, luego de la investigación que se realizó tras la denuncia por un supuesto esquema de coimas con las fotomultas que derivó en la renuncia de Jorge D’Onofrio al frente del Ministerio de Transporte provincial.
Tanto el fiscal federal Álvaro Garganta y el juez de garantías de La Plata Juan Pablo Masi ratificaron el funcionamiento de los equipos seguirán controlando y sancionando infracciones graves, como el exceso de velocidad.
Luego de la investigación llevada adelante por el Poder Judicial bonaerense, se informó que no hay ninguna medida que le imposibilite la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros provistos por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) y otros prestadores.
Desde el comienzo de la investigación, en Cecaitra señalaron que la cámara proporcionó la documentación requerida con la que se demostró que todos los equipos instalados bajo jurisdicción del gobierno provincial y de los municipios cuentan con su debida habilitación técnica-administrativa, siguiendo los pasos requeridos por la normativa vigente al momento de instalarlos.
En la resolución del juez Masi a la que tuvo acceso LPO, se detalló que «no se ha ordenado por el momento, medida cautelar alguna que imposibilite a la Provincia de Buenos Aires o a los Municipios la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros (radares) instalados».
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