La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, identificada con el número 27.793, fue promulgada oficialmente por el presidente Javier Milei. Sin embargo, su puesta en marcha no tendrá efecto inmediato, ya que el propio Poder Ejecutivo decidió suspender su aplicación hasta que el Congreso determine con precisión cuáles serán las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes dentro del presupuesto nacional.
La medida genera un escenario particular: la norma cuenta con plena validez legal al estar promulgada, pero no podrá ejecutarse hasta que se resuelva el aspecto económico. Esta decisión pone el foco en el debate parlamentario, ya que serán los legisladores quienes deberán definir cómo se financiarán las medidas contempladas en la emergencia.
Cabe recordar que la iniciativa había sido vetada por el presidente en un primer momento, lo que generó un amplio debate político y social. No obstante, la insistencia de ambas cámaras del Congreso logró revertir esa decisión, forzando la promulgación.
De este modo, la Ley de Emergencia en Discapacidad se encuentra en un estado intermedio: ya existe como norma vigente, pero su alcance práctico está en pausa. La discusión sobre los recursos que la sostendrán será clave para determinar si la misma podrá implementarse de manera efectiva en el corto plazo.
