Como forma de dar una nueva vuelta de tuerca a la denominada «batalla cultural», el Gobierno decidió impulsar una relectura de la violencia de los años ’70 y llamó a conmemorar el «Día de la Memoria Completa» en una jornada en la que los organismos de derechos humanos y distintos espacios políticos, sociales y sindicales realizaron una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo para condenar un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura.
«A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá Justicia», indicó Javier Milei en sus redes sociales, al hacer referencia al anuncio sobre la desclasificación total de los archivos de la SIDE vinculados al accionar de las FFAA entre 1976 y 1983 y al reconocimiento como crimen de lesa humanidad del atentado del ERP contra la familia del capitán Humberto Viola.
La difusión de un video por parte de la Casa Rosada y los anuncios posteriores de esas medidas, a cargo del vocero Manuel Adorni, se produjeron en la previa y en medio de los actos, marchas y protestas de organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, por la conmemoración del Día de la Memoria.
A diferencia de años anteriores, las distintas expresiones de la política decidieron confluir al mismo tiempo en la histórica plaza. Fue así que decenas de miles de personas se congregaron tras movilizarse desde diferentes puntos y en columnas multitudinarias que incluyeron a La Cámpora, el peronismo no kirchnerista, el radicalismo, la CGT, los movimientos sociales y los organismos de DDHH, que leyeron un pronunciamiento con duras críticas al gobierno libertario. También se vio a muchos manifestantes sin identificación política.
En el Gobierno negaron que su postura, que fue relatada en el video de unos 19 minutos por parte del escritor Agustín Laje, se asemeje a la «teoría de los dos demonios» con la que se intentó desacreditar la política de Raúl Alfonsín en los años ´80. Sin embargo, el spot difundido a la medianoche de este 24 de marzo catalogó el relató kirchnerista sobre el devenir de la última dictadura como la «teoría del demonio único».
«En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica, con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del ’70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista», apuntó Laje, quien escribió el prólogo del libro «Milei: La revolución que no vieron venir», publicado el año pasado, y presidente de la Fundación El Faro.
A diferencia del relato esbozado en el video publicado el año pasado sobre el 24M, que contaba con testimonios de víctimas de la guerrilla, esta vez el Gobierno plantea abiertamente su verdad histórica sobre lo sucedido antes y durante el denominado «Proceso de Reorganización Nacional» para abonar la teoría que en el país se registraba «una guerra revolucionaria» al tiempo que insistió en que no hubo «30 mil desaparecidos» en base a la prueba documental colectada.
El spot en cuestión, además, recibió críticas de distintos sectores políticos. El diputado Maxi Ferraro (CC), indicó que «no la cuentan ni completa ni incompleta; simplemente, la banalizan. Insisten en instalar la idea de que hubo una guerra civil o guerra sucia cuando, en realidad, lo que ocurrió fue terrorismo de Estado», al tiempo que remarcó que «premeditadamente omiten que, en democracia, se juzgó a las juntas militares y a los cabecillas de las organizaciones guerrilleras armadas».
Como sea, el Presidente ordenó la desclasificación total de toda la información de la SIDE vinculada con el accionar de las FFAA durante el período 1976-1983. «El gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino», sostuvo Adorni al precisar que la decisión responde al cumplimiento del decreto 4/2010, que nunca -según dijo- fue implementado, en una elíptica crítica a la administración de Cristina Kirchner. «Esto implica el traspaso absoluto de estos documentos a la órbita del Archivo General de la Nación», agregó al considerar que así «pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política».
En esta búsqueda del Ejecutivo por «contar la historia completa», el funcionario adelantó que se reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Viola.
En el ataque ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros atacó al auto en el que se transportaba el militar, lo asesinó junto a su hija María Cristina de 3 años. «Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnización de acuerdo a la ley 2443 por haber estado detenidos durante el estado de sitio», relató el vocero.
En 2022, la administración de Alberto Fernández sostuvo ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible. En 2024, el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó un acto en homenaje al capitán Viola junto a su hija María Fernanda, sobreviviente del ataque del ERP perpetrado en San Miguel de Tucumán.
Ahora, la gestión libertaria decidió acompañar el pedido de justicia de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería, a cargo de Nahuel Sotelo, para que reconozca ante la CIDH que este crimen debe ser considerado un delito de lesa humanidad, ocurrido en el marco de un conflicto armado interno.
Como parte de este acuerdo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos. «Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de nuestro país, y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas», concluyó Adorni en su mensaje.
El posicionamiento del Ejecutivo produjo distintas reacciones en las redes sociales. Pero extrañamente, Victoria Villarruel no republicó el spot de Casa Rosada pese a ser cercana a su contenido y de haber compartido durante años «ámbitos de discusión» con el propio Laje. Recién pasadas las 18 de este lunes la vicepresidenta posteó su propia reflexión, en sus redes sociales, en la que no ingenuamente da cuenta que «en los últimos 25 años estuve con civiles indefensos sin ninguna asistencia del Estado, vi a hijos y nietos suicidarse ante la impunidad de Montoneros y el ERP, vi a familias de policías asesinados sobreviviendo en la pobreza, mientras sus victimarios se enriquecían».
La titular del Senado, de esta forma, destacó que desde hace décadas viene propugnando la consigna por una «Memoria completa» respecto a lo que denomina fue «una época trágica». Y en su cierre, además, marcó una sutil diferencia con el relato de Presidencia: «Cerremos las heridas que siguen abiertas. Empecemos a vivir el presente y construyamos un futuro para todos».
