Hoy, las calles de Argentina son testigo de una movilización que promete ser histórica. Bajo el lema “La marcha más grande”, una pluralidad de sectores se une para rechazar las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. En un hecho sin precedentes recientes, organizaciones que semanalmente luchan por sus derechos, como las de jubilados y jubiladas, comparten espacio con el colectivo “Ni Una Menos”, que conmemora diez años desde su primera movilización, y sectores clave como la CGT, trabajadores del Hospital Garrahan, científicos, universitarios, partidos políticos y movimientos sociales.
La amplitud de esta convocatoria refleja la transversalidad del descontento. Desde las jubilaciones que pierden su poder adquisitivo frente a la inflación, hasta la precarización de la salud pública y la ciencia, todos los sectores afectados por las políticas económicas de ajuste encontraron hoy un punto de encuentro en el rechazo colectivo.
“La patria está en peligro” es una de las consignas que se repiten, no solo como una denuncia de las medidas del gobierno, sino como un grito de alerta ante el impacto devastador que estas generan en las condiciones de vida de las mayorías. La presencia del colectivo “Ni Una Menos” marca también una conexión entre el ajuste y la profundización de las desigualdades de género, afectando con mayor dureza a las mujeres y diversidades en un país donde la violencia económica se suma a la violencia estructural que enfrentan.
En un contexto donde la fragmentación social es promovida desde discursos políticos polarizantes, esta jornada muestra una dirección contraria: la unidad en la diversidad. Trabajadores de la salud y la educación, científicos, movimientos feministas y gremiales coinciden en que las políticas actuales no solo desarman el tejido social, sino que comprometen el futuro del país.
Es inevitable reflexionar sobre lo que significa esta movilización en términos democráticos. Cuando sectores tan amplios y variados deciden tomar las calles, el mensaje es claro: las políticas de ajuste no son aceptadas como inevitables. En una democracia, la protesta no solo es legítima, sino necesaria para visibilizar los impactos concretos de decisiones económicas que se justifican desde la macroeconomía pero ignoran la microrealidad.
Hoy, las calles no solo son escenario de descontento, sino también de esperanza. En medio de la adversidad, la protesta muestra que es posible construir resistencia y proponer un camino alternativo, basado en la justicia social y el respeto por los derechos de todos y todas.