Un relevamiento de las ONGs Ruido y Connectas descubrió que de 138 magistrados que ocupan las supremas cortes de las provincias, 88 registran algún nexo político, laboral previo o familiar con los gobiernos provinciales antes de ocupar esos cargos. Además, 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político bajo el cual trabajaron.
El relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA), arroja un resultado impactante: “el 64% de quienes integran las Cortes Supremas de estos distritos tuvieron nexos de algún tipo con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos”, dice el informe.
Las cortes de La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa y Entre Ríos encabezan el ranking nacional de jueces con dependencias políticas.
Aunque en todos los casos las designaciones respetaron los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ninguno de los cuales prohíbe o limita que exista esta clase de nexos previos entre funcionarios políticos y jueces.
Sin embargo, en causas de alta sensibilidad política como la reelección de gobernadores o la prisión preventiva del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri esos jueces votaron más para favorecer a sus padrinos políticos que ajustándose a derecho.
«Mecanismo de colonización»
El estudio tiene una enorme actualidad porque ahora algunos de esos gobernadores, a través de sus senadores nacionales, impulsan en el Senado una ampliación de la cantidad de miembros de la Corte que la actual ley fija en 5 hasta 24 con la intención de repetir “ese mecanismo de colonización”, advierten expertos.
Precisamente, el senador del PJ de Formosa y hombre de confianza del gobernador Gildo Insfrán, José Mayans, es uno de los que impulsa la reforma de la Corte Nacional, con el antecedente de tener una suprema corte “con un 60 por ciento” de ex funcionarios suyos.
Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y ex presidenta de Transparencia Internacional y de Poder Ciudadano, advirtió que “los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”. Aludió a la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que algunas provincias han replicado.
“La politización de la justicia en muchas provincias -reflejada en este reciente estudio de RUIDO- se replica en las decisiones que atañen a los magistrados nacionales y federales”, agregó Ferreira Rubio en declaraciones a Clarín.
«El virus de la politización»
La catedrática alertó que “el virus de la politización (del nombramiento de jueces en provincias) tiñe la discusión actual en el Senado sobre la ampliación de la Corte Suprema y la designación de los miembros para cubrir las vacantes”.
A su criterio, “la ampliación de la Corte sólo es una excusa para tener más cargos a repartir. Y en el debate se observa que tampoco se busca garantizar la independencia e idoneidad de los magistrados”.
“Es lamentable, la politización de la justicia y la judicialización de la política son dos caras de la misma moneda. Una democracia de calidad debe terminar con ambas”, finalizó Ferreira Rubio
Por su parte, el constitucionalista y ex convencional constituyente de la UCR Antonio María Hernández -que el miércoles expondrán en el Senado sobre los proyectos de reforma de la Corte nacional- coincidió con Ferreira Rubio y afirmó que el relevamiento muestra “la muy baja calidad institucional de la democracia argentina”.
“Este fenómeno de politización de la justicia no solo se da en cortes provinciales, sino también en tribunales electorales y justicias penales en las provincias”, acotó Hernández consultado por Clarín.
El constitucionalista alertó sobre la posibilidad de que esos criterios se repitan en los proyectos de ampliación y reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se debaten desde la semana pasada en el Senado de la Nación y luego en los candidatos a ocupar esos cargos.
Esta semana el oficialismo y kirchnerismo –que controla alguna de las provincias cuestionadas- insistió con reformar la ley para tener un máximo tribunal de justicia nacional integrado por 9 jueces, mientras que el salteño Juan Carlos Romero, uno de los principales aliados del Gobierno de Milei en el Senado, mantiene el proyecto de 7 miembros. Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), deslizó la posibilidad de acompañar la propuesta de Romero.
Mayans es un jugador clave en el debate por la Corte ya que Unión por la Patria tiene 34 votos sobre los 72 totales del Senado.
Miembros de la Suprema Corte de Formosa.Desde noviembre tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte que funciona con sólo 3 de los 5 miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente Javier Milei fracasó en su intento de sumar al juez Ariel Lijo y al constitucionalista Manuel García-Mansilla a la Corte.
En los debates en la comisión de Asuntos Constitucionales, el constitucionalista Diego Armesto explicó que varios de los proyectos en debate aumentarían los tiempos para resolver causas. Si se eleva el número de miembros de la Corte a 7 miembros, «hace falta 4 votos coincidentes; si a 9, 5, y así sucesivamente», explicó. Además, si debería haber un juez por cada especialidad jurídica como propone la senadora Juliana Di Tulio, “según el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley, serían 31”. Y si se nombraría un juez por cada provincia, como proponen otros senadores, “deberían ser 24 ministros”, advirtió Armesto.
El informe de Ruido (ver https://elruido.org/vinculos-politicos-cortes-supremas-en-argentina/) pone como uno de los ejemplos más claros de control político de la Justicia a La Rioja, donde el gobernador peronista Ricardo Quintela hizo nombrar –en un trámite exprés en el Legislativo– a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia. A los cuatro meses de asumir, además, la eligieron presidenta del máximo tribunal.
Jueces de la Corte Suprema. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos RosenkrantzPor otra parte, el esposo de Becerra, Ernesto Pérez, fue secretario de Agricultura y ahora ministro de Producción y Ambiente de Quintela y, además, socio del mandatario en el establecimiento agrícola ganadero El Mistol SRL. En esta provincia, los cinco jueces del Tribunal Superior fueron antes funcionarios directos de gobiernos peronistas: Claudio José Ana fue fiscal general; Claudio Nicolás Saúl, ministro de Gobierno y diputado; Luis Alberto Brizuela, secretario de la Gobernación; y Gabriela Asís, ministra de Gobierno, agrega el informe que dirigió el periodista Edgardo Litvinoff
Otro ejemplo, es San Juan donde “los 5 jueces de su Corte tienen vínculos previos con los ex gobernadores peronistas”. “Adriana García Nieto fue asesora letrada de gobierno y subsecretaria general de la gobernación; Daniel Olivares Yapur fue candidato a diputado provincial; Juan José Victoria asesoró a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía y fue fiscal general de la Municipalidad de Rawson; Guillermo de Sanctis fue fiscal de Estado, ex diputado y ex ministro de Salud; y Marcelo Lima fue vicegobernador e intendente de San Juan”, afirma el informe.
Josefina Minatta a quien el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri impulsaba como fiscal. Gentileza Elentrerios.En Tucumán “se replica esa situación, con 4 de 5 magistrados: Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Leiva y Daniel Estofán fueron fiscales de Estado (del gobernador); mientras que Daniel Posse trabajó como secretario de Gobierno y Justicia”, señala Ruido.
Entre los 24 distritos analizados, “el peronismo es el signo con el que más vínculos políticos previos tuvieron los jueces relevados. Como consecuencia, es también el signo político de las gestiones que más jueces nombraron: 87 de los 138 casos”.
Otro ejemplo de esta tendencia es Entre Ríos. El ex gobernador K Ríos Sergio Urribarri fue detenido el 19 de noviembre de 2024, tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción. Pero gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, sólo estuvo en la cárcel 50 días. Cinco meses después, el mismo tribunal cerró toda posibilidad de que volviera a la cárcel al negar la apelación del fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para sacarlo de prisión fue clave el voto del presidente del máximo tribunal de la provincia, Leonardo Portela, exsecretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú (2007-2008), que «desempeñó esa función cuando Urribarri era el gobernador de la provincia. Además, en diciembre de 2021, estos mismos magistrados del STJ jugaron un papel central en la habilitación del enjuiciamiento a la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche», que terminó apartada de su cargo después de acusar a Urribarri, aunque ahora la Corte nacional anuló su apartamiento.
Miembros de la Suprema Corte de Entre Ríos.Fuentes judiciales precisaron a Clarín datos del informe de Ruido sobre el Tribunal Superior de Justicia de la CABA. Su actual presidenta Inés M. Weinberg quien no venía ni pasó por el gobierno porteño. Es la viuda del ex embajador Eduardo Roca (sobrino nieto de Julio A. Roca) y entre 2003 y 2008 fue juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda e integró la Sala de Apelación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda entre 2003 y 2005. Por su parte, Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) designada en 1998 es la más antigua y Luis F. Lozano ingresó en 2004, si bien fue Director General de Jurídicos y luego secretario de Trabajo en la gestión Alfonsín proviene del peronismo y no del radicalismo. Y Marcela De Langhe ingresó en 2019, integraba el Poder Judicial porteño como jueza de faltas sin militancia política. Santiago Otamendi, otro de los jueces, ingresó en 2019 al tribunal y en este caso sí fue viceministro del ex ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano.
En fuentes judiciales se recordó como en otros países con la falacia de la legitimidad se terminó en regímenes autoritarios. Por ejemplo, en el año 2002, como puntapié inicial del régimen chavista, Hugo Chávez logró aumentar el número de miembros del Tribunal Supremo de Justicia de 20 a 32, cuya actuación fue clave para la consolidación del régimen. Y regímenes como el de Recep Erdogan en Turquía o Viktor Orbán en Hungría han adoptado estrategias similares, aumentando el número de los miembros de sus máximos tribunales de 11 a 17 y de 11 a 15 jueces, respectivamente.
