En un intento por defender el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, la ministra Patricia Bullrich construyó un relato lleno de inconsistencias y falsedades que fueron desmentidas con pruebas contundentes.
Durante la última marcha en defensa de los jubilados, un oficial de la Policía de la Ciudad, Elías Montenegro, fue ingresado al Hospital Argerich en un estado de pánico, clamando que no le amputaran el brazo. Sin embargo, la herida en su codo izquierdo no era de gravedad y, tras una intervención, fue trasladado al Hospital Italiano donde se le colocó un yeso. Lo que encontraron los médicos dentro de su brazo no fueron proyectiles de arma de fuego, como afirmó la ministra, sino perdigones de goma, munición utilizada por las propias fuerzas de seguridad. A pesar de ello, Montenegro apareció en los informes oficiales como un policía herido por «barras bravas».
Este no fue el único caso en el que la versión del Ministerio de Seguridad se contradijo con los hechos. En un intento por justificar la represión, se difundieron los nombres y documentos de identidad de presuntos barrabravas, acusándolos de haber provocado disturbios durante la manifestación. Entre ellos se encontraba Gastón Ruiz, trabajador de una empresa de logística, quien ese día fichó en su empleo de 7 a 21 horas y cuya presencia en la marcha quedó descartada por registros y cámaras de seguridad. Sin embargo, su nombre fue difundido como parte de un grupo de violentos, exponiéndolo a amenazas y posibles sanciones.
A esto se suman las denuncias sobre la presencia de policías infiltrados disfrazados de recolectores de residuos, quienes habrían participado en disturbios para justificar el accionar represivo. Testigos presenciales aseguraron haber visto a estos individuos actuar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad y prender fuego a contenedores de basura, en un intento por fabricar caos y justificar la brutalidad policial.
Lejos de asumir responsabilidades, Bullrich continúa defendiendo la represión con afirmaciones carentes de sustento. En el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien quedó al borde de la muerte tras recibir el impacto de un proyectil policial, la ministra sostuvo que el disparo se realizó según los protocolos establecidos. No obstante, peritajes científicos desmintieron esta versión y concluyeron que el proyectil fue lanzado directamente contra su cabeza, sin posibilidad de que hubiera rebotado antes, como afirmó el Gobierno.
Las justificaciones de Bullrich y el presidente Javier Milei han demostrado ser un entramado de falsedades y omisiones, en un contexto de creciente violencia institucional donde la represión se presenta como una política de Estado sin límites ni rendición de cuentas.
