En medio de las acusaciones por corrupción que cruzan al Pami, en las últimas horas se destapó un caso que agrava el escándalo en la obra social de los jubilados y que generó que, por primera vez, un intendente se presente ante la Justicia para hacer una denuncia penal.
El radical Esteban Santoro, de General Madariaga, hizo una presentación conjunta con la Unidad Fiscal especializada en el Pami en la que pide investigar los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y fraude en perjuicio de la administración pública.
Sucede que, desde diciembre pasado, Pami reasignó sin aviso casi todos los pacientes de Madariaga de la obra social, quitándole al hospital municipal 3.000 cápitas por guardia, atención e internación, para reasignarlos a una clínica privada del distrito, el Instituto Médico Madagariense.
Según la denuncia presentada por Santoro, el Pami también asignó a esa clínica la atención de jubilados de otros municipios de la región, algunos distantes a más de 70 kilómetros, quitándole la cápita (y los recursos) a los hospitales municipales que, de todas maneras, terminan atendiendo a los afiliados.
La presentación tiene un efecto expansivo y empezó a impactar en Pinamar y Villa Gesell, donde ya hay funcionarios locales denunciando esta situación. Por eso, hay quienes sospechan que el caso va a destapar maniobras similares en otros distritos.
La asignación de cápitas por parte de Pami a un centro de salud, implica el giro de fondos. Fuentes al tanto del caso señalaron que por esta maniobra, la clínica elegida a dedo por las autoridades de la obra social de los jubilados, recibirá más de 80 millones por mes por servicios que, por lo general, no presta.
Un hecho similiar había sido denunciado en 2021, pero luego de la polémica fue anulado. Sin embargo, en 2024 el municipio volvió a advertir esta quita compulsiva de afiliados que se profundizó este año.
«Las anteriores veces por lo menos tenían el decoro de mandarte una carta documento diciéndote que hubo reasignación de cápita. Esta vez ni avisaron y lo hicieron a mitad de mes, con lo cual gente que se estaba atendiendo en el hospital público, quedó en el limbo para su atención», dijo el abogado del municipio de Madariaga, Leandro Alonso.
El intendente Santoro junto a Alonso estuvieron el último viernes en la UFI Pami, que decidió acompañar la denuncia, que fue presentada este martes en Mar del Plata, aunque la causa podría radicar finalmente en Dolores.
«En la delegación local de Pami esquivan el tema y se escudan en que para implementar una decisión de este tipo hacen falta permisos informáticos de arriba», afirmó Alonso. Las sospechas apuntan al accionar de la regional de Pami de Mar del Plata.
«El sistema informático de Pami es muy específico, supuestamente tiene medidas de seguridad muy grandes que hacen que todo lo que se toca, quede. Y acá no se tocaron uno o dos afiliados sino cerca de 10 mil», dijo Alonso, por lo que pidió una pericia informática. Y agregó: «Vos no pasas 10 mil cápitas de un día para el otro si no hay un nivel de responsabilidad sumamente alto para que esto suceda».
Frente a esta denuncia, el secretario de Salud de Villa Gesell, Jorge Villalba, reveló que, desde agosto pasado, Pami le quitó la cápita de 1.000 jubilados al hospital municipal. «Yo me entero de la cápita en enero que faltaban 1.000 cápitas, y es mucho dinero. Están faltando 12 millones de pesos por mes desde agosto del año pasado», dijo Villalba a la radio Municipal de Gesell.
Y agregó: «Los jubilados van al hospital de Villa Gesell, no pueden viajar a una guardia en Madariaga, vienen acá y eso no lo facturamos en el hospital y se atiende al paciente igual».
También se registraron casos en Pinamar y en el Partido de La Costa, donde, según expuso Alonso, «le pagan remises a los jubilados para trasladarlos hasta Madariaga», en lugar de que sean atendidos en el hospital local o alguna de las dos clínicas privadas que tenían cápita antes.
La denuncia especifica casos puntuales de pacientes con cirugías programadas en el hospital local que no pudieron realizarlas porque fueron trasladados a la clínica privada.
«Más manoseo al afiliado imposible de imaginar, sin pensar en que esto no se trata de una simple irregularidad», señala la denuncia que, a la vez, especifica que el hospital municipal sigue atendiendo por mes a alrededor de 120 afiliados que capitan en el Instituto Médico.
«Y le siguen pagando al Instituto por gente que no atiende y cuando se tiene que atender, como la atención es mala, pide volver a la Municipalidad», dijo Alonso.
