La Generalitat ha refundado la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para atajar la crisis que arrastraba a partir de las presuntas irregularidades descubiertas sobre su gestión económica y de los menores a los que acoge. El plan de refundación ya ha sido ampliamente explicado y solo nos queda esperar que funcione y resuelva las deficiencias que se han destapado.
Pero, más allá de cambiar el nombre de la dirección general y de poner caras nuevas al frente, estaría bien que toda la estructura de este servicio de prevención y protección de la infancia se imbuya de la necesidad de trasladar mayor transparencia de su trabajo a la sociedad. Por dos razones, la primera es para recuperar la pésima reputación que acumula esta entidad y la segunda, porque la administración pública no puede tener espacios de opacidad extrema como este (otro día, hablaremos de otro organismo del Govern que practica la misma técnica).
Todo esto viene a cuento porque uno de los primeros pasos que ha dado la conselleria de Drets Socials en la reforma de la DGAIA, mantiene vicios del pasado. Me refiero a la investigación abierta contra el educador social que habló con los periodistas para explicar el caso de la niña de 12 años que fue captada por una red de pederastas y violada repetidamente mientras estaba bajo el amparo de la Generalitat. Incluso la misma consellera reprochó a este educador que hubiera hecho declaraciones y lo acusaba de revictimizar a la menor.
Es una pésima señal que se le abra un expediente al educador que contó la mala gestión pública
El educador en ningún caso dio señas que identificaran a la niña y solo se limitó a informar del mal funcionamiento de la DGAIA. Su relato y el de la persona que trasladó irregularidades a la Oficina de Anticorrupción no vulneraban la intimidad de ningún menor acogido. Eso sí, dejaba en muy mal lugar a los dirigentes gubernamentales que han mantenido una estructura que hacía aguas y que, debido a su mala gestión, sí revictimizan a los menores. Lejos de agradecer que esas personas hayan tenido la valentía de destapar la mala praxis de la administración, se les ha puesto en la diana por hacer públicas esas miserias y corren el riesgo de perder su empleo.
La consellera de Drets Socials presentando la refundación de la DGAIA
Ana Jiménez
Como decía, esta manera de actuar se arrastra del pasado. Señalar a los medios de comunicación, a los padres o madres enfadados porque les han retirado la custodia de sus hijos de forma muy dudosa y a los empleados por desleales ha caracterizado el funcionamiento de este organismo. Todavía se recuerda la decisión de la DGAIA de denominar Menores Extranjeros No Acompañados (Menas) a las oleadas de jóvenes que llegaron a Catalunya desde África. Al poco de que la Generalitat se refiriera oficialmente a ellos así, fue la misma DGAIA la que amonestaba a los medios de comunicación que usaban este término porque los estigmatizaba. Error sobre error. Aprovechemos la refundación para modificar esta actitud impropia de un estamento público que gestiona el dinero de todos y que, por tanto, está obligada a la máxima transparencia sin vulnerar ninguna intimidad.
Queda pendiente que la retirada de custodia a los padres la dicte un juez y no un funcionario
La segunda cosa que esta refundación no resuelve es que la retirada de la tutela a los padres la seguirá dictando un funcionario y no un juez. Una decisión tan grave y que puede determinar el futuro del menor nunca puede estar en manos de un funcionario. Y menos cuando hemos sabido que había intereses por ocupar cuantas más plazas mejor en los centros de acogida porque eso significaba suntuosos ingresos para los que alquilaban y gestionaban los equipamientos. Eso explicaría la altísima cifra de menores tutelados por la Generalitat que es mayor que el número de presos en las cárceles. Si nos fijamos en la proporción de reclusos sobre la población adulta en Catalunya, veremos que es del 0,12%. En cambio, los menores tutelados representan el 0,65% de la población menor de 18 años. Cinco veces más menores tutelados que presos. ¿Tan malos padres somos o es que se nos ha ido la mano con el afán de tutelar?
Aplaudimos que a partir de hora se ponga el foco en la prevención. Y esto debería pasar porque antes de retirar una custodia se investigue por qué esa madre o padre no puede atender a su hijo en condiciones. Seguramente cuesta menos ayudar a estos padres para que cuiden de sus hijos que enviarlos a un centro a precio de hotel de lujo.
Queda mucho por hacer y tardaremos tiempo en ver los resultados, pero los gestos, las declaraciones y la actitud no cuestan dinero y deben marcar la línea de futuro. Mantener los vicios del pasado es un error y una pésima señal.
