La ola de prohibiciones del lenguaje inclusivo en América Latina: ¿de qué se trata?

El Salvador, Costa Rica y Chihuahua en México han tomado medidas para promover “el uso correcto del español”. En algunos casos, catalogando el lenguaje inclusivo como una “ideología de género” y una supuesta “deformación” de este.

Foto: Canva

Esta semana se conmemoró el reconocimiento de los pronombres identitarios, una fecha que invita a nombrar a las personas con los pronombres que ellas mismas eligen. Y, pese a que el día no cuenta con una organización detrás ni una campaña oficial, sí se ha posicionado como un recordatorio de que el lenguaje también puede ser una herramienta de respeto. Asimismo, pone en evidencia que las palabras importan, ya que son las que permiten decir quién puede ser reconocido y quién no.

Sin embargo, este año la conmemoración llega en medio de acciones que van en sentido contrario, ya que en varios países se han tomado medidas para restringir el uso del lenguaje inclusivo. No para debatirlo, sino para prohibirle a ciertos grupos de personas hablar de esta forma, incluso quienes se identifican con expresiones que reflejan su identidad de género o su visión del mundo.

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Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en El Salvador. El pasado 2 de octubre, el Ministerio de Educación prohibió el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y se vetó el uso de palabras como “amigue”, “compañere”, “todos y todas”, “jovenxs” o “nosotrxs”, entre otras expresiones que la entidad considera una “deformación” del idioma o una referencia a lo que sectores conservadores denominan “ideología de género”.

Por su parte, en Costa Rica, el político Fabricio Alvarado, del partido político Nueva República, conocido por sus posturas conversadoras, anunció en medios locales que su partido prepara un proyecto de ley para eliminar el lenguaje inclusivo en “toda la administración pública”.

Y el caso más reciente ocurrió en el estado de Chihuahua, en México, luego de que se incluyera la frase “fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español”, en la reforma al artículo 8º de la Ley Estatal de Educación. Bajo ese argumento, algunos funcionarios celebraron que Chihuahua supuestamente se había convertido en el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo. Sin embargo, esa interpretación fue rápidamente desmentida, pues el artículo no lo prohíbe ni lo menciona de forma explícita; simplemente hace referencia al “uso correcto” del idioma. Aun así, deja abierta una interpretación ambigua sobre lo que se entiende por “uso correcto”.

O por ejemplo, la decisión que se tomó en Argentina en febrero de 2024, cuando se prohibió el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional, fue justificada con el argumento de que eran utilizados como un “negocio de la política”. Por ende, se dispuso que ningún documento público incluyera el uso de la vocal ‘e’, la letra ‘x’ y el símbolo arroba ‘@’ para expresar la autodeterminación de género, así como la “innecesaria inclusión del femenino”.

¿Por qué, ante estas medidas restrictivas, es importante hablar de lenguaje inclusivo?

Según fuentes consultadas, las decisiones de distintos gobiernos responden a estrategias más amplias para evitar que se hable de diversidad. Buscan instalar la idea de que los movimientos sociales y de derechos humanos son una amenaza para la sociedad, agrupando a personas LGBTIQ+, feministas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos bajo una misma etiqueta: la llamada “ideología de género”.

“Lo que hace es despertar pánico moral, sembrar miedo en las personas y obligarlas a tomar partido, como si la diversidad fuera una elección que se puede evitar”, explica Li Cuéllar, codirectore y cofundadore de Sentiido, organización social dedicada a hablar sobre diversidad, género y cambio social, en entrevista con El Espectador.

Para Cuéllar, resulta incongruente legislar sobre la forma en que las personas se expresan, porque son ellas quienes marcan el camino por donde evoluciona el lenguaje, no las instituciones que lo regulan. “A pesar de que la Real Academia ha dicho que expresiones como ‘todes’ o ‘todos y todas’ no son correctas, termina incorporando otras que la gente usa a diario. Por ejemplo, ‘no binario’, ‘chores’ o ‘googlear’. El lenguaje es fluido, se transforma, se adapta, y no es que nos sentemos cada año a leer las leyes para saber cómo podemos hablar”, señala.

Por su parte, la socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos, actualmente profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, considera que prohibir el lenguaje inclusivo no es un simple debate lingüístico, sino una forma de negar derechos. “Es grave la cercenación de derechos. El lenguaje es la herramienta que tenemos para comunicarnos, para estimar o desestimar, para reconocer o excluir. Cuando se restringe el lenguaje, se restringe la libertad, se limita la soberanía de las personas. Esa restricción solo puede entenderse como un ultraje a los derechos humanos básicos”, añade en conversaciones con este diario.

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Ambas fuentes coinciden en que no existe forma única y correcta de hablar, ni el lenguaje puede considerarse deformado por incorporar nuevas expresiones. Lejos de ser una “deformación” es realmente una forma de construir y transformar un idioma que se adapte a las nuevas formas de interacción social y a las necesidades que están teniendo los seres humanos. Además, recuerdan que el español que se habla ahora poco se parece al que se hablaba en los siglos XIV o XV, y seguirá transformándose mientras también cambian las interacciones culturales.

“No podemos tener unas normas sobre qué es el lenguaje correcto y el lenguaje incorrecto en el sentido de: tú no puedes decir esa palabra porque la estás deformando. En realidad, eso es una postura esencialista del idioma, y todas las palabras son inventadas. Todo es un invento; la palabra ‘palabra’ es un invento. Entonces, el idioma está completamente inventado. También tenemos que abrirnos a entender por qué no nos cuesta trabajo decir ‘wasapear’ y sí nos cuesta decir ‘todes’, cuando además esta última implica reconocer la humanidad de otras personas”, subraya Cuéllar.

También se plantea cuál es la motivación detrás de un gobierno que decide invertir recursos en regular cómo habla la gente. Con esto se refiere a la creación de proyectos y estrategias políticas que implican dinero y gasto público.

“Invierten dinero porque esto claramente es una estrategia que alimenta el pánico moral y la resistencia de las personas que no entienden mucho de estos temas. Les hacen creer que las feministas se van a tomar el mundo, que van a obligarles a hacer cosas —desde hablar así, hasta abortar o volverse trans—. Entonces, también es una estrategia mediática para convencer a la gente de que hay que detener los movimientos por los derechos humanos”, dice.

Por eso, esta idea de que las recientes medidas de cada gobierno no son acciones ingenuas ni aisladas, sino parte de una estrategia más amplia, la retoma Dora Barrancos, experta argentina que ha investigado ampliamente sobre lo que ella denomina una batalla cultural.

En este contexto, la batalla cultural se entiende como una disputa por quién tiene la autoridad para definir qué se puede decir, cómo se nombra y qué ideas deben considerarse legítimas. Y es justamente en ese terreno que señala Barrancos donde las inclinaciones políticas conservadoras han concentrado sus esfuerzos.

“Las nuevas derechas, aunque diversas, son homogéneas en algo: su disposición total a dar batalla contra lo que llaman ‘ideología de género’. Buscan eliminar todo contenido que promueva una mirada equitativa sobre la vida, las relaciones humanas o el reconocimiento de las discriminaciones históricas que han vivido las mujeres y las diversidades sexo-genéricas”, señala Barrancos.

Para ella, el desafío actual es construir nuevos marcos éticos y políticos que permitan nombrar estas manifestaciones políticas, entender su alcance y seguir transformando el mundo a través de los movimientos sociales, como por ejemplo: “el feminismo que en todo caso, es un movimiento que busca incrementar la dignidad humana”, resume Barrancos.

Desde los años 50 hay registros de movimientos “antidiversidad”

Barrancos y Cuéllar recuerdan que, así como nunca se ha impuesto el uso del lenguaje inclusivo, los intentos de restringir o censurar expresiones de diversidad tampoco han dado buenos frutos a lo largo de la historia, como ocurrió en la Edad Media con la prohibición de ciertas lecturas y manifestaciones culturales.

Basándose en una investigación realizada por Sentiido, Li Cuéllar explica que los movimientos contrarios a los avances en derechos humanos no surgieron recientemente. “En una búsqueda que hicimos, encontramos que su origen se remonta a los años cincuenta. En esa época se hablaba del humanismo laico como una amenaza para la sociedad, porque representaba todo lo que se oponía a los valores religiosos tradicionales y se hablaba más a favor del darwinismo”, cuenta.

Con el tiempo, esos discursos se transformaron en lo que hoy se conoce como movimientos antiderechos. “Esta estrategia no es nueva. Sembrar pánico moral ha sido una táctica recurrente para frenar transformaciones sociales. Antes estaba más vinculada a la Iglesia católica, y hoy se reproduce desde sectores ultraconservadores, tanto católicos como evangélicos”.

Tal como lo explica Cuéllar, el concepto de “ideología de género” surgió hace bastante tiempo. Más específicamente, se popularizó en la década de los noventa, impulsado desde el Vaticano para referirse de forma despectiva a los movimientos feministas y de diversidad sexual que, desde sus propias perspectivas políticas e ideológicas, pretendían subvertir las familias tradicionales, los valores sociales y el llamado “orden natural”.

La creación del término se remonta a los años posteriores a la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, y a la Convención de Belém do Pará, donde se reconoció la importancia de incorporar un enfoque de género en los derechos humanos. Fue entonces cuando sectores religiosos reemplazaron la palabra “enfoque” por “ideología”, buscando restarle legitimidad a los movimientos sociales y presentar los estudios de género como opiniones sin sustento.

Un día para recordar que los pronombres importan

La semana en la que se conmemora el uso respetuoso de los pronombres identitarios, busca visibilizar la importancia de nombrar, porque aquello que se nombra existe. La fecha también recuerda que rechazar el uso de estos pronombres puede reproducir formas de discriminación, y que el hecho de que una persona no sea victima directa de esta, no significa que esas violencias no estén presentes en la sociedad.

Por eso, las fuentes consultadas mencionan que hablar del uso del lenguaje inclusivo es poner el tema sobre la mesa. “Reconocer un pronombre no le quita nada a nadie, no le roba tiempo ni pone a nadie en un lugar de vulnerabilidad. Es, más bien, reconocer que se está hablando con un ser humano que también quiere ser reconocido. Por eso este día, aunque pueda parecer simbólico, es una oportunidad para volver a tener esa conversación”, dice Cuéllar.

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