La oposición de Diputados emplazó para este martes a las comisiones que deben dictaminar los proyectos sobre el Hospital Garrahan y las universidades. Pero sobre el centro de atención pediátrico hay dos iniciativas en carpeta, mientras que sobre el financiamiento de las facultades hay seis textos, aunque uno lleva la delantera.
El martes a las 12 está convocado el plenario de Salud, Presupuesto y Familias, Niñez y Juventudes para dictaminar los proyectos del Garrahan, mientras que a las 16 es el plenario de Educación y Presupuesto por los proyectos de universidades.
Observando la cantidad de legisladores que votaron el emplazamiento –incluidos algunos de los «radicales peluca»– se descuenta que la oposición tendrá número para firmar despacho y aprobar las iniciativas en el recinto.
Proyectos universitarios
De los seis proyectos sobre universidades, el principal es el presentado por la radical Danya Tavela y la peronista Blanca Osuna, que cuenta además con el aval del Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades y las Federaciones Universitarias.
El texto obliga al Ejecutivo a convocar paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios (docentes y no docentes), considerando la inflación desde diciembre de 2023 hasta el momento de la sanción de la ley. Los aumentos, estipula, deben ser remunerativos y bonificables. A su vez plantea una frecuencia mínima trimestral para las paritarias y fija que los salarios deben actualizarse mensualmente, de mínima, al ritmo de la inflación.
«Las universidades siguen funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023. Está en su nivel más bajo en casi 20 años, con una caída real del 32%. Afecta a más de 2 millones de estudiantes y a docentes y no docentes que han perdido más del 80% de su poder adquisitivo en términos reales», señaló Tavela.
Por otra parte fija un porcentaje mínimo de inversión presupuestaria según el PBI. Establece que el presupuesto universitario crecerá progresivamente: comienza con 1% del PBI en 2026 y va incrementando hasta llegar a 1,5% del PBI para 2031.
Para financiar todo esto crea un mecanismo automático de financiamiento llamado “Proporción Universitaria» sobre los fondos nacionales provenientes de la coparticipación, «sin impactar sobre la distribución de dichos fondos a las provincias ni a los ATN», aclaran.
La “Proporción Universitaria” será calculada sobre el último presupuesto aprobado por ley del Congreso entre el cociente del “crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales” y “el monto proyectado de ingresos».
El impacto fiscal, que es el principal eje sobre el que hace foco Javier Milei y por el que dice que lo va a vetar, no está calculado aún. La oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) debe hacerlo a pedido de las comisiones. «Es difícil de calcular el impacto fiscal porque no hay presupuesto», señalaron desde el radicalismo.
Desde la comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, tampoco brindaron un estimado.
Otro de los proyectos propone actualizar los gastos de funcionamiento al 1 de enero de 2025 por lPC más una actualización para el año 2025 de la combinación de índice general de precios al consumidor (IPC) (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).
A favor de la moción de emplazamiento para que esta discusión se dé en comisiones votaron no solo desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Izquierda sino también aliados del ejecutivo como dos «radicales con peluca», la ex libertaria Lourdes Arrieta, el aliado Oscar Zago del MID y legisladores que responden a gobernadores.
Emergencia pediátrica
Sobre el Garrahan hay un proyecto para declarar al hospital como «referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad» y exigir que se garantice «su pleno funcionamiento, que debe incluir un presupuesto que cubra estructura, equipamiento e insumos, y las tareas que desempeñan los equipos de salud de dedicación exclusiva que forman parte del mismo».
El otro texto, encabezado por el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UP) declara la «emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de Argentina por dos años».
En ese marco ordena la «recomposición inmediata de salarios» y «eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y guardias», entre otros puntos.
Para financiar la emergencia plantea que «el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias«.
