Empecemos con un ejemplo de hasta qué punto la vida da muchas vueltas. En diciembre del 2005, Joan Clos gobernaba la ciudad gracias al apoyo de ERC e ICV-EUiA. El pleno municipal estaba a punto de aprobar la ordenanza de convivencia, pero la fuerza que lideraba Imma Mayol tenía a los Joves d’Esquerra Verda enfurecidos con la normativa. Al frente de aquellos cachorros cabalgaba Ernest Urtasun. Han pasado 20 años y aquel joven economista es hoy ministro de Cultura. También se ha hecho mayor el documento, que pasó el corte con el voto favorable del PSC, CiU y Esquerra, la abstención del PP y el no de Iniciativa. Entró en vigor el 1 de enero del 2006. Se ha hecho mayor hasta el punto de que el actual gobierno lleva dos años intentando actualizarlo, empresa para la que necesita, sí o sí, el favor de Junts. Su líder en Barcelona, Jordi Martí, ha puesto precio a su apoyo este miércoles: aprobación de 12 alegaciones que, entre otras cosas, buscan un mayor cumplimiento de la ordenanza y que sanciones se cobren.
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La Barcelona posterior al Fòrum de les Cultures poco tiene que ver con la del 2025. Hay nuevos fenómenos sociales, han cambiado los hábitos ciudadanos, el cambio climático nos saca más a la calle y hoy hay más turistas (hemos pasado de 10,9 a 15,3 millones de pernoctaciones). Basta con fijarse en la movilidad para entender cómo basculan las normas urbanas. La ordenanza de circulación, aprobada en 1998, se ha ido actualizando para dar cabida a patinetes y bicis. Pues lo mismo con la normativa de civismo, aunque en este caso, con una mayor pátina política.
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Los 12 puntos que plantea Junts podrían resumirse en dos palabras: orden y utilidad. Lo que busca este partido es que la nueva ordenanza no sea una pantomima política sin resultado efectivo. “Los gobiernos anteriores de Colau y Collboni no han sido capaces de contribuir a la mejora de la convivencia”, ha esbozado Martí. Pero también hay alegaciones con demandas más concretas. La octava reclama que los grafiteros cazados, más allá de la correspondiente sanción, ayuden en las tareas de limpieza de su estropicio. La 10 exige la prohibición de captar a jóvenes en la calle para que acudan a clubs cannábicos. Y la 12, una de las que puede generar más debate, insta a que los informes de arraigo incluyan tanto “las colaboraciones positivas en materia de convivencia como los antecedentes incívicos, de manera que se garantice una información fiel y rigurosa a las autoridades competentes en materia de extranjería”.
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La modificación de la ordenanza de civismo ya pasó el trámite de la aprobación inicial el pasado julio durante la comisión de Presidència, Seguretat i Règim Interior. Aquel primer borrador (los de Martí se abstuvieron para permitir el avance de la iniciativa, al igual que PP y Vox, mientras que ERC votó a favor y BComú, en contra) ya incluía novedades en cuanto a los grafiteros y el cobro de las sanciones, una de las obsesiones de Junts, que pide que el Estado y el Govern establezcan puentes con otros países para conseguir el abono de las multas impuestas a los extranjeros que vuelven a casa de rositas. También endurece las faltas por botellón o por orinar en la calle y penaliza conductas que atenten contra la libertad sexual o la dignidad de las personas. Visto lo de mediados de julio y lo que ahora reivindica Martí, el desatascador será mucho más político que estructural. “No sirve de nada tener normas si después no las haces cumplir”, ha defendido el líder de Junts.
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En el año 2024 se interpusieron 97.000 sanciones vinculadas con la ordenanza de civismo. Solo la venta ambulante y el consumo de alcohol sumaron 80.000 de estas faltas, con una diferencia muy importante en cuanto al cobro: las segundas son más fáciles de recaudar y las primeras es casi imposible lograrlo, pues en la mayoría de casos hay un abandono del material y no se puede identificar al infractor. A mucha distancia están el ruido en la vía pública (8.100 multas) y hacer pipí y popó en la calle (6.350 sanciones).
El debate final sobre esta normativa –uno de los últimos grandes proyectos del mandato– se producirá, previsiblemente, en el pleno de diciembre. Al mirar hacia atrás subyacen dos años y medio en los que el gobierno del PSC ha tenido que ir tachando relevantes iniciativas (además de los presupuestos municipales) sin lograr una mayoría suficiente. Primero fue la modificación de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones. Se daba por hecho que Junts iba a respaldarla para desperezar a los promotores, pero presentó una serie de condiciones, como la rebaja del 4% del IBI, que no obtuvieron la respuesta esperada. Luego llegó el reglamento que debía dotar a la Urbana de 22 pistolas Taser. Los neoconvergentes lo tumbaron. Ambos planes siguen en barbecho, con las dos bancadas echándose la culpa. No ayuda a la concordia, claro está, que Xavier Trias ganara las elecciones de mayo del 2023 y que Collboni se hiciera con el cetro tras un singular pacto con PP y Comuns.
Oposición
En el pasado ya cayeron la modificación reserva del 30% de vivienda protegida y las pistolas Taser para la Guardia Urbana
Por si estos antecedentes fueran poco halagüeños, todo esto sucederá en medio del proceso de proclamación de candidatos de cara a las elecciones de mayo del 2027. ERC lo tendrá antes de que termine el año. BComú estará en la vorágine de sus primarias y Junts ya tendrá el reglamento del partido desde noviembre, así que, en un suponer, para diciembre ya tendrá cabeza de cartel. O sea, que serán momentos de empezar a posicionarse: bloqueo y ahogo a un gobierno de solo 10 concejales o pacto para desatascar asuntos importantes para la ciudad.
Periodo de alegaciones
Barcino 5G reclama “más dureza”
La aprobación inicial de la modificación de la ordenanza llegó tras casi dos años de trabajo con entidades y oposición. Pero generó un nuevo periodo de alegaciones, cerrado el 2 de octubre, con un total de 410 enmiendas presentadas. Entre ellas, las del colectivo Barcino 5G, liderado por el exconcejal del PP Alberto Fernández Díaz, que ha redactado un total de 41 alegaciones en las que reclama “más dureza y firmeza”. Entre otras cosas, insta a redactar “informes municipales negativos sobre los infractores”, de manera que puedan quedar fuera de los servicios que ofrece la ciudad, y que también sirvan a efectos de evaluar la renovación, en el caso de extranjeros, de permisos de residencia o trabajo.
