Nuevos detalles van saliendo a la luz tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias, después de que dos extrabajadoras pusieran en conocimiento de la justicia española presuntas agresiones sexuales reiteradas, tocamientos no consentidos y un clima de control y humillaciones por parte del artista cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe entre los meses de enero y octubre de 2021, tal y como avanzó el pasado martes el portal elDiario.es , que llevaba más de tres años investigando estos hechos en colaboración con la cadena de televisión Univision .
Según anunció ayer en rueda de prensa la organización Women’s Link Worldwide, equipo jurídico que acompaña a las denunciantes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha accedido a tomar declaración a las presuntas víctimas, concediéndoles además la condición de testigos protegidas. En este contexto, la directora ejecutiva de la entidad jurídica, Giovana Ríos Cisnero, subrayó la desigualdad de poder entre el denunciado y las denunciantes, “derivada de su capacidad económica y de su influencia”, un extremo que, según explicó, fundamenta la adopción de medidas de protección.
A estas palabras se sumaron las de la directora legal de la organización en Europa, Gema Fernández, quien precisó que aún no se ha fijado una fecha para la declaración de las mujeres y detalló que el procedimiento se encuentra en una fase preprocesal, tras la apertura de diligencias por parte del Ministerio Fiscal. En este punto, no existe todavía un proceso penal en curso y será la Fiscalía la que deba decidir, en un plazo máximo de seis meses —prorrogables de forma excepcional otros seis—, si los hechos tienen entidad suficiente para el ejercicio de la acción penal.
Fernández explicó, además, que los hechos relatados se habrían producido en un contexto de intimidación y jerarquía de poder, en algunos casos con la presencia de encargadas de las mansiones, lo que habría incrementado la presión psicológica sobre las trabajadoras. Según los testimonios, las denunciantes soportaron jornadas de hasta 16 horas diarias, ausencia de contrato, control de sus comunicaciones, condiciones indignas de alojamiento y una exposición constante al acoso y a las agresiones sexuales.
En su declaración ante los medios, la organización confirmó asimismo haber sido contactada por otras mujeres que aseguran haber trabajado para el cantante, aunque evitó facilitar más detalles por el momento para garantizar la seguridad de estas personas. En este sentido, las dos extrabajadoras justificaron en un comunicado remitido por Amnistía Internacional su decisión de denunciar los hechos por su deseo de hacer “justicia” y que “ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos” por parte del cantante.
Las dos extrabajadoras que han acusado al cantante declararán como testimonios protegidos
Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos de esta organización, presente también en la citada comparecencia, enmarcó el caso “en un patrón estructural de explotación que afecta especialmente a mujeres migrantes y racializadas en sectores feminizados y precarizados”, agravado por políticas migratorias que incrementan su vulnerabilidad. “Estas estructuras están también favorecidas por las políticas migratorias existentes en muchos países, que hacen que la suerte de la vida de estas personas dependan de sus empleadores. Es decir, si ellas intentan salir, intentan denunciar, pueden quedarse también en una situación de mayor vulnerabilidad, porque esto puede implicar perder sus permisos de trabajo, poder estar sujetas a deportación o a otras consecuencias”, destacó.
En el ojo del huracán
El torrente de acusaciones interpuestas contra uno de los artistas más icónicos de España ha provocado un auténtico terremoto en el marco político e institucional del país. En referencia al tema, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer en una entrevista en Telecinco , sentirse “profundamente sorprendido” por unas informaciones que calificó de “graves” y reclamó que sean investigadas. Sus declaraciones contrastaron con las realizadas en la víspera por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien mostró su apoyo directo al cantante, alegando que “la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos”.
En el seno del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue más allá y defendió públicamente la retirada de la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entregada a Iglesias por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. En una entrevista en TVE , Díaz explicó que se puso en contacto a primera hora de ayer miércoles con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para impulsar la retirada de dicha distinción, una medida que —subrayó— “en absoluto” vulnera la presunción de inocencia del artista porque una cosa es “la responsabilidad penal” y otra “la responsabilidad política y ética”.
El Gobierno estudia la retirada de la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entregada al cantante en 2010
La vicepresidenta segunda del Ejecutivo reclamó además un compromiso público de todos los responsables políticos y criticó a Díaz Ayuso por negarse a retirar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, concedida al artista madrileño en 2012. A su juicio, justificar su postura para no “desprestigiar” a un artista “universal”, sitúa a la presidenta madrileña del lado del “machismo y la vulneración de derechos humanos”.
En la misma línea se posicionó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien defendió que el Gobierno debería retirar “todos los honores” concedidos al cantante español, ya que el mensaje que se debe dar a las mujeres es que “van a caer todos los agresores”.
Andaluza, afincada desde 2017 en Barcelona tras media vida en Madrid. Licenciada en Periodismo (UCM) con un Máster en Periodismo en Radio y Televisión. Redactora de la sección Gente y Televisión de La Vanguardia.
