La Argentina reactivó su apuesta por el uranio en un contexto internacional de creciente demanda de energía nuclear, impulsado por los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la necesidad de diversificar las fuentes energéticas. Con 33.780 toneladas identificadas de uranio recuperable, el país podría autoabastecerse por 150 años y hasta convertirse en exportador, según datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En ese escenario, la Patagonia emerge como una región clave, y dentro de ella, Chubut figura como el territorio con mayores reservas conocidas. Sin embargo, la prohibición legal para desarrollar minería a gran escala en la provincia la mantiene al margen de los beneficios económicos que ya comienzan a visualizarse en otros distritos.
En la región patagónica, hay 14 proyectos de uranio activos. Río Negro, Santa Cruz y Neuquén avanzan con distintas etapas de cateo, exploración y evaluación económica, alentadas por la expectativa de una nueva etapa de producción nacional. Chubut, por su parte, posee yacimientos como Cerro Solo, Laguna Salada y Meseta Central, considerados los más avanzados del país en términos de recursos y potencial de rentabilidad. No obstante, el freno normativo impide su explotación y mantiene a la provincia desfasada frente a la reactivación minera que atraviesan sus vecinas.
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El contraste es significativo. Mientras Río Negro cuenta con proyectos como Amarillo Grande, ya en evaluación económica preliminar, y Santa Cruz avanza en zonas como Meseta Sirven, Chubut acumula una cartera de iniciativas en exploración avanzada o preliminar sin poder desarrollarlas plenamente, debido a la legislación que prohíbe este tipo de actividad extractiva. Desde el sector privado y organismos técnicos advierten que, de mantenerse este marco restrictivo, la provincia perderá una ventana de oportunidad estratégica en un momento de creciente interés internacional por el uranio.
La presentación del Plan Nuclear Argentino por parte del presidente Javier Milei en diciembre de 2024, que incluye la construcción de nuevos reactores y el autoabastecimiento de combustible, generó un renovado interés por las reservas nacionales. En este marco, las provincias con marcos regulatorios más abiertos se posicionan para recibir inversiones, generar empleo y diversificar su matriz productiva. Chubut, en cambio, continúa observando desde la barrera, con una legislación que ha sido defendida por razones ambientales pero que también genera crecientes tensiones respecto al desarrollo económico regional.
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Actualmente, el país importa alrededor de 220 toneladas de uranio al año para abastecer las centrales de Atucha I, Atucha II y Embalse. La posibilidad de reemplazar esa importación con producción local está latente. En el caso de Cerro Solo, el yacimiento chubutense tiene capacidad para abastecer completamente esa demanda e incluso generar excedentes exportables. Pero hasta tanto no se revierta la normativa provincial, ese potencial seguirá dormido.
La Secretaría de Minería de la Nación y la CNEA han manifestado en reiteradas oportunidades su interés en avanzar con estudios técnicos y acuerdos interjurisdiccionales, pero el dilema entre desarrollo económico y protección ambiental continúa trabando el debate político dentro de Chubut. En paralelo, otras provincias se preparan para capitalizar un nuevo boom minero, con proyectos que ya se ubican en etapas de factibilidad técnica y que buscan inversiones para comenzar la construcción.
Fuente: más energía
