La inseguridad jurídica, la morosidad, la protección de la vulnerabilidad del inquilino trasladada al propietario, una legislación pro okupas, la lentitud judicial o las normativas restrictivas han beneficiado, ante tanta indefensión de la propiedad, la venta de inmuebles antes arrendados. En los últimos cinco años la oferta de alquiler de uso residencial permanente se ha reducido en Barcelona un 40% y su rotación entre los pocos que quedan vacíos. La Administración elude sus competencias y su falta de respuesta se disimula demonizando a la propiedad y a los fondos de inversión, no seré yo quien los defienda, que son apenas un 5% del parque. Hace lo fácil, escaquearse, pero no lo obligado, construir vivienda.
En Barcelona, el suelo disponible solo ampara construir 70.000 pisos, a mitades de titularidad pública y privada. En el AMB, 217.000, un 55% de ellos asequibles. La vivienda se promueve sobre suelo y su disponibilidad se concreta en el planeamiento urbanístico. Sin embargo, no se aprueba el Plan Director Metropolitano, el PDUM, que ha de sustituir al Plan General de 1976. Se hizo inicialmente en el 2023, pero decayó dos años después al prescribir su plazo legal de tramitación. Este PDUM caducado debe ser modificado por una ambiciosa propuesta que defina al alza el suelo apto para el incremento de pisos.
La Administración ha convertido la vivienda en una máquina de recaudar
Hay más medidas a instar. La inmediata derogación, sin más, de ceder el 30% destinado a vivienda social en nuevas promociones inmobiliarias o de gran rehabilitación vigente desde el 2018. Solo ha generado una treintena de pisos públicos y ha ahuyentado la inversión privada a otros lares. También debiera promoverse el uso residencial en ciertos terciarios. Es decir, permitir sin tanta rigidez vivienda en bajos comerciales, la conversión de edificios de oficinas en hogares e incentivar el traslado de actividades económicas y profesionales sitas en pisos a las plantas bajas.
Otras propuestas. La revisión urbanística para una mayor edificabilidad, en altura, y sustituir suelo industrial de escaso valor añadido por el de la nueva economía y de vivienda. Por ejemplo, el desarrollo urbano de los entornos de la Sagrera ha de permitir reformular el 22@ norte para mayores usos residenciales. Tampoco releguemos la rehabilitación y la subdivisión. En Barcelona el parque de vivienda es el más antiguo de España, incluso un 10% es centenario, y la ocupación por hogar es la más baja de Catalunya y se reduce año tras año. En paralelo, se han de perder los complejos hacia la colaboración pública-privada y suprimir tanta traba burocrática y la lentitud administrativa. Una licencia de obra mayor tarde de media diez meses en obtenerse.
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Somos 1,73 millones de barceloneses. Un 13% más que hace 25 años, cuando éramos 1,5, pero las viviendas han crecido solo un 5%, en 46.000. Somos más y la Administración desidiosa no ha reaccionado a tiempo. Ha convertido la vivienda en una máquina de recaudar. Más del 30% es fiscalidad de suelo, urbanización, construcción y venta). Un negocio redondo que hace caja con las necesidades habitacionales. Cabe una rebaja de esta tributación abusiva. Si todo lo recaudado se hubiera invertido en vivienda, otras casas se habitarían.
Se querían más pisos de alquiler permanente en el mercado y hoy son menos que nunca y sin abaratarse. La Administración es una insaciable pescadora de impuestos, furtiva de su obligación de construir vivienda social y chapucera artesana de redes habitacionales. Una política ruin y una vivienda ruinosa, por su carestía en número y precio. Debe cambiarse tanto precario andamiaje para una pronta y sólida edificación.
