Viendo los titulares de las noticias hoy en día, resulta difícil pensar en positivo sobre el estado de la democracia. Sin embargo, si tomamos una perspectiva de largo plazo, no es descabellado pensar que los grupos históricamente marginados han venido ganando gradualmente más poder y visibilidad en muchas democracias del mundo. Dos factores ayudan a entender este proceso de incorporación. Por un lado, debido a mayores niveles educacionales y el desarrollo de la economía, la ciudadanía ha experimentado una paulatina transformación valórica hacia posturas más progresistas. Por otro lado, variados agentes –ONGs nacionales e internacionales, partidos políticos y movimientos sociales, entre otros– han tenido la capacidad de generar conciencia respecto a la relevancia de que los diversos grupos que forman parte de la sociedad se sientan parte de una misma comunidad y, por tanto, tengan los mismos derechos.
El caso de las mujeres es un ejemplo emblemático de lo anterior. Basta contrastar su papel en los países democráticos en la década de los 1970 y su situación actual: a pesar de la discriminación que siguen sufriendo en diversos ámbitos, no cabe duda de que han obtenido cada vez más poder económico y político, adquiriendo muchos más puestos de relevancia y reconocimiento simbólico que antes. América Latina no se escapa de esta tendencia global. A pesar de las falencias que los sistemas democráticos de la región exhiben, han existido avances muy importantes en el ascenso de mujeres no solo a nivel de gobiernos locales, parlamentos y ministerios, sino que también a nivel de la presidencia. Desde Chile hasta México podemos observar que ya no hay solo gerentes, presidentes y rectores, sino que también tenemos gerentas, presidentas y rectoras. La mayor presencia femenina en espacios de poder se ha traducido en que problemáticas que afectan a las mujeres han venido ganando creciente espacio en el debate público, facilitando así la implementación de políticas públicas con un enfoque de género. Para el mundo progresista estos son avances importantes que en gran parte se deben a la influencia del movimiento feminista.
Ahora bien, estos avances no son bienvenidos por todos. Hay quienes ven con recelo el cambio hacia un mayor emparejamiento de la cancha entre hombres y mujeres. La ultraderecha en particular ha venido politizando esta dimensión con creciente fuerza, argumentando que ha llegado la hora poner fin al marxismo cultural y la ideología woke. De hecho, en un comentando discurso en Davos en Suiza a inicios de este año, Javier Milei indicó que su gobierno intentará eliminar la figura legal de feminicidio, los cupos laborales para minorías sexuales y la paridad de género en listas electorales.
Este tipo de discursos que la ultraderecha enarbola no operan en el vacío, sino que conectan con el parecer de determinados segmentos de la ciudadanía. A pesar de la importancia de esta retórica, sabemos poco respecto a cuántas personas y qué tipo de personas son más o menos propensas a apoyar ideas contrarias a buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Para responder esta incógnita, en el Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha hemos realizado encuestas de alta calidad –presenciales y representativas de la población– en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y México, en donde introdujimos una serie de ítems que buscan medir las actitudes antifeministas. Se trata de un conjunto de preguntas que examinan el grado de acuerdo con afirmaciones que reflejan percepciones negativas y estereotipos descalificadores tanto hacia las ideas feministas como hacia quienes se definen como feministas.
Por ejemplo, una de las preguntas incluidas mide el grado de acuerdo con la afirmación de que “las mujeres usan el feminismo para ganar de manera injusta ventaja sobre los hombres”. Tal como se puede ver en la siguiente figura, los resultados de este ítem revelan que existe bastante polarización frente a esta temática: si bien es cierto que la mayoría de las personas están más bien en descuerdo con esta idea (aprox. 45%), también es verdad que hay un número importante que se muestra más bien de acuerdo (aprox. 40%). A su vez, en un país como Brasil, hay segmentos no menores que están muy de acuerdo (29,1%) y otros que están muy desacuerdo (40%) con este planteamiento.
El estudio sobre actitudes antifeministas en América Latina presenta una serie de datos interesantes que ayudan a reflexionar respecto a quienes son las personas que muestran animadversión hacia las ideas y personas feministas. Existe un hallazgo que en cierto sentido es obvio, pero a la vez preocupante: en todos los países analizados, encontramos que los hombres tienen mayor disposición hacia el antifeminismo que las mujeres. La oposición a la igualdad de género es entonces una cuestión más masculina que femenina.
Más allá de este patrón común a nivel sociodemográfico en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y México, varios de los datos permiten plantear que quienes profesan altos niveles de antifeminismo tienden a estar en contra del aborto, del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental, así como también se inclinan por la pena de muerte y por leyes menos estrictas sobre la tenencia de armas.
Los discursos de la ultraderecha buscan por tanto movilizar a un segmento de la ciudadanía que en términos ideológicos es bastante homogéneo. Esto quiere decir que el ascenso y éxito de la ultraderecha va de la mano con un realineamiento electoral: la aglutinación de diversos votantes en torno a un conjunto de ideas que buscan detener e incluso retroceder el avance hacia una mejor y mayor incorporación de grupos históricamente marginados. Visto así, la politización del antifeminismo es una estrategia para unir segmentos del electorado en torno a un programa que atenta contra la expansión del horizonte democrático.
