La presión que están ejerciendo la policía y la justicia contra la delincuencia está dando sus frutos. El delito en Barcelona ha descendido un 8,8% en el último semestre, y en toda Catalunya, un 4,6%. Los Mossos d’Esquadra practicaron un 5,3% más de detenciones durante el primer semestre, y los jueces dictaron 570 sentencias más que el año anterior gracias al refuerzo de los cinco juzgados penales para combatir al ladrón multirreincidente. La mayor actividad policial y judicial, sin embargo, tiene una contrapartida: la población penitenciaria ha experimentado un crecimiento, y la ocupación de los centros se sitúa en el 92%, según datos facilitados por la Conselleria de Justícia a La Vanguardia.
Por primera vez desde el 2014 se han superado los 9.000 internos, y la capacidad de los penales de albergar a más reclusos está al límite. Según las estadísticas que recopila Justícia, en fecha 30 de junio de este año se alcanzó la cifra de 9.029 internos. Para encontrar unos registros tan altos hay que remontarse al 2014, cuando la población penitenciaria era de 9.294 presos, si bien hay que remarcar que había un centro más, la Modelo, que albergaba a los presos preventivos de Barcelona.
Justicia descarta que “la situación sea problemática” y dice estar preparada para todos los supuestos
Un portavoz de la Conselleria de Justícia hace un llamamiento a la calma y descarta de momento que “la situación sea problemática”, si bien reconoce que el departamento está trabajando “en todos los escenarios”, ya sea que “el crecimiento se detenga, se estabilice o se mantenga”. “El departamento tiene soluciones previstas para mantener el criterio de dos internos por celda y una distribución que asegure la convivencia en todo momento”, y añade “que la coordinación entre las unidades permite que, cuando sea necesario, se pueda trasladar a los internos de un módulo a otro para mantener siempre una distribución para que cada recluso disponga de su espacio y evitar situaciones de saturación y tensión”.
En el 2010 y el 2011, la cifra de presos era aún más alta y superaba los 10.000 internos, pero desde el 2014 la población penitenciaria fue descendiendo hasta el punto de que en el 2017, con 8.367 internos, el Departament de Justícia, que entonces pilotaba el conseller Carles Mundó, tomó la decisión de cerrar la Modelo y repartir a los presos del penal barcelonés por el resto de las cárceles catalanas. El paréntesis delincuencial que vivió Catalunya –y el resto de España– durante los años de la covid tuvo también su traslación a las cárceles, donde la población penitenciaria descendió. Bajó la delincuencia y, en consecuencia, disminuyó el número de presos.
Sin embargo, desde enero del 2023, con la recuperación total de la actividad económica y social, el delito volvió a repuntar y las cárceles se fueron llenando de nuevo. De 7.729 presos pasaron a 8.028 en el 2024, hasta llegar a los 9.029 en junio del 2025. En tan solo dos años y medio, la población penitenciaria ha aumentado en 1.300 internos y tensiona las cárceles de Catalunya.
“El problema es que los presos que ingresan son cada vez más violentos y no los puedes dividir ni mezclar con el resto de presos. El régimen ordinario está al límite, pero es aún más preocupante la situación de los departamentos de régimen cerrado (DERT). No hay ni espacio ni personal para hacer frente a las necesidades”, denuncia Montse Balaguer, portavoz de UGT Presons. Añade que “al departamento de régimen cerrado van los internos más peligrosos y los sancionados por mal comportamiento, y cada vez hay más primeros grados y sancionados. El régimen cerrado está muy tensionado y nos falta espacio”.
En esta línea, en una comunicación que envió el departamento de servicios penitenciarios en mayo del 2024, se reconocía, en el marco de la negociación laboral con los sindicatos, que “había nuevas formas de delincuencia” y que esta tenía “una mayor complejidad para su reinserción social y para el cumplimiento de la pena”.
Uno de los centros que están más tensionados es Brians 2, con 1.777 internos. Los sindicatos denuncian que han pasado de gestionar entre 80 y 90 internos por módulo a gobernar entre 100 y 120 con la misma dotación de funcionarios que hace cinco años.
Los sindicatos alertan de que la masificación afecta a la seguridad y a la rehabilitación
Carlos de Ardanaz, coordinador de la agrupación de personal penitenciario de CC.OO., considera que “los centros penitenciarios actuales han tenido que absorber este crecimiento sin contar con las infraestructuras ni los recursos humanos necesarios”. Advierte que “a menudo se trata de internos en situación preventiva, que requieren de una gestión específica, pero en entornos cada vez más saturados”, y asegura que este desequilibrio provoca “un aumento de la tensión y la conflictividad interna”. “La presión sobre el sistema no se limita solo a la falta de espacios físicos, sino que afecta directamente a la convivencia, a la seguridad y a la capacidad de rehabilitación de los centros”, alerta.
En la misma línea se expresa Alberto Gómez, responsable de prisiones de CSIF, que advierte de que se encuentran en una situación de “mayor debilidad” porque deben gestionar a más internos con los mismos recursos. “El crecimiento sostenido en el tiempo es muy preocupante”, afirma.
Marea Blava, la asociación de funcionarios penitenciarios, ve especialmente inquietante el crecimiento de la población penitenciaria en Brians 2. “En dos años, el número de reclusos ha aumentado un 44% sin que se haya aplicado ninguna medida en contra de la masificación. Esto genera muchos problemas y no solo regimentales, sino también para atender a los abogados, porque no hay salas disponibles, o para programar las comunicaciones de los internos. Si antes trabajábamos con 1.250 internos, ahora lo hacemos con 1.800 y con el mismo personal”, denuncia un portavoz.
