La administración bonaerense aprobó una medida clave para jerarquizar el empleo público: una bonificación económica para empleados del Estado que cuenten con título universitario de grado, cuya formación esté directamente vinculada a las tareas que desempeñan. La disposición fue oficializada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial de la provincia, con las firmas de los ministros de Economía, Trabajo y Gobierno.
La iniciativa establece una bonificación denominada “Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función” (BTU), equivalente al 115% del sueldo básico de la categoría 5 de la Ley 10.430, norma que regula el empleo público provincial. Esta mejora será otorgada por un único título universitario debidamente registrado y vinculado de forma directa con las funciones ejercidas por el agente.
Además del beneficio económico, la medida permite reubicar en el agrupamiento profesional a trabajadores que actualmente se encuentran en cargos técnicos, administrativos, de servicios u obreros, siempre que acrediten un título habilitante, matrícula vigente y tareas propias de la profesión. Así, se busca reorganizar el escalafón del personal estatal y otorgar mayor reconocimiento a las capacidades profesionales en el ámbito público.
Para los agentes que ya se desempeñan como personal profesional y cuenten con matrícula vigente al 1º de mayo de 2025, la bonificación comenzará a regir desde esa misma fecha. En cambio, quienes gestionen su reubicación antes del 2 de mayo del mismo año y presenten los documentos requeridos, también accederán retroactivamente al beneficio. Quienes lo hagan con posterioridad percibirán la bonificación desde el primer día del mes siguiente a la presentación.
Asimismo, el decreto contempla la posibilidad de que quienes ocupen cargos jerárquicos interinos puedan acceder al escalafón profesional sin abandonar sus funciones actuales, en tanto cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
El objetivo general de esta política es mejorar la calidad del empleo estatal, profesionalizar los equipos de trabajo y garantizar una administración pública más eficiente. Para su aplicación, las jurisdicciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos y dictar los actos administrativos correspondientes, en tanto la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público será responsable de actualizar los nomencladores de cargos para facilitar la implementación.
