Barcelona
En 2018 el grupo hotelero Selenta presentó en sociedad la nueva reforma del hotel Princesa Sofía, la joya de la corona de la compañía, que reformularon como hotel Sofía. Tras un año de obras, el buque insignia del grupo exhibía su remodelación para situarse en el top 3 de los hoteles más caros y lujosos de Barcelona. Invirtió 60 millones de euros en una reforma integral en la que redujo el número de habitaciones –de 500 a 462– y amplió las 18 suites del establecimiento ubicadas en las plantas 17 y 18. Las presuntas irregularidades detectadas en la remodelación de las habitaciones de lujo sentarán en el banquillo de los acusados al entonces consejero delegado del grupo y administrador del hotel, Ramon Borrell. Se le acusa de haber adjudicado las obras a una empresa, a pesar de ser la oferta más desfavorable, y de haber pagado un sobreprecio por los trabajos a cambio de cobrar una comisión de 605.000 euros. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso La Vanguardia.
Apenas un año después del fin de las obras, el 27 de mayo de 2018, Jordi Mestre, presidente del grupo (y expresidente del gremio de hoteleros y exdirectivo del FC Barcelona) cesó de forma fulminante a Borrell. En un comunicado se argumentó que el despido respondía a la necesidad de reestructuración de la compañía. La realidad, sin embargo, era otra. En el momento del cese, el grupo Selenta había encargado una auditoría a PriceWaterHouseCoopers tras advertir algunas irregularidades en la adjudicación de las obras de reforma de las suites y querían que el CEO no tuviera acceso a ningún documento.
La fiscalía y el presidente del grupo hotelero acusan al exdirectivo de cobrar 605.000 de euros de la constructora a la que adjudicó las obras
Las conclusiones de la investigación interna derivaron en una querella criminal contra Borrell y ha desembocado en una acusación formal por la que será juzgado. La fiscalía solicita para él una pena de 13 años de cárcel por un delito continuado de administración desleal y otro de corrupción en los negocios. Considera que el entonces consejero delegado “favoreció indebidamente” a la constructora Iron Global S.L.” llegando a recibir una cuantiosa compensación tras adjudicarle las obras de las suites. Por su parte, el presidente y propietario del grupo hotelero, Jordi Mestre, representado por el abogado Andrés Maluenda, reclama una pena de 10 años y medio de cárcel por los mismos delitos y por blanqueo de capitales. También están imputados dos empresarios de la contratista que se enfrentan a una pena de 5 años de cárcel.
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Las acusaciones sostienen que Borrell concedió el proyecto a la empresa que presentó el presupuesto menos competitivo y cuyo coste aumentó en dos millones de euros en tan solo cinco meses al imponer precios fuera de mercado. De aquel sobrecoste es de donde se habría pagado la supuesta comisión ilegal que cobró Borrell a través de una empresa interpuesta. La fiscalía señala que el CEO despidió a todos los directivos de la empresa “que pudieran obstaculizar su objetivo y adjudicó sorprendentemente la realización de las obras a la sociedad Iron Global pese a contar con un presupuesto más económico presentado por la Constructora San José”.
Mestre, por su parte, asegura que “prueba de la connivencia entre el CEO y la contratista” es que Borrell rechazó a la otra constructora “antes de que Iron Global enviara su presupuesto”. Denuncia que el coste de la obra se fue incrementando “sustancialmente y de forma injustificada” y que de mayo a a octubre de 2017 la obra pasó de costar 2,8 millones a 5,5 millones “sin que mediara ningún cambio ni modificación del presupuesto”. La liquidación final fue de 8,2 millones, lo que supuso un incremento total de 5,4 millones. Esto ocasionó al grupo un “importantísimo perjuicio de más de dos millones de euros”, denuncia el presidente. En su escrito, Mestre señala que Borrell también cobró una comisión de un millón de euros de la constructora a la que adjudicó las obras del hotel Nobu, en la Torre Catalunya, llevado a cabo junto al actor Robert de Niro, en un caso que también fue judicializado pero que en este caso fue archivado” porque, según dice, “devolvió el dinero”.
Ramon Borrell defiende su inocencia
El exconsejero delegado Ramon Borrell, contactado por La Vanguardia, defiende su inocencia y asegura que el precio presupuestado y pagado estaba dentro del mercado y que las mediciones en las que se basan las acusaciones son inexactas. Subraya que las variaciones de precio del proyecto “estaban justificadas” y que las supuestas comisiones eran trabajos realizados. “No tenía exclusividad para trabajar únicamente para Selenta. Me marché sin indemnización, sin previo aviso, de un día para otro después de siete años habiendo transformado una empresa con 9 millones de pérdidas en una con 15 millones de beneficio”, lamenta.
