El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó en septiembre del 2018 una medida destinada a generar cada año 330 viviendas protegidas en la capital catalana. Se trataba de que el 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados se destinara a pisos a precio asequible. La medida, dijo entonces la alcaldesa Ada Colau, supondría “un punto de inflexión” y “un cambio de paradigma” destinado a introducir el concepto de corresponsabilidad “para que la vivienda sea un derecho y no una mercancía”.
Ocho años después, la ciudad debería blandir cerca de 2.000 pisos con arreglo a esa normativa. La realidad, sin embargo, es mucho menos jacarandosa: se han construido, hasta agosto del 2025, un total de 31, y otros 123 tienen la licencia concedida. La regla, reclamada por las entidades en defensa de una vivienda digna, no fue un capricho de BComú: se aprobó casi por unanimidad (con el voto contrario del PP), pero el resultado, hasta la fecha, deja claro que algo está fallando.
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Seis son las promociones terminadas que incorporan estas viviendas asequibles. Dos están en Sant Martí y el resto, en el Eixample, Ciutat Vella, Sant Andreu y Horta-Guinardó. Que conste, solo en dos de ellas, en los barrios del Congrés i els Indians y en Horta, ya vive gente. En cualquier caso, si la idea era que casi cada día viera la luz un nuevo hogar protegido, el alumbramiento de ese piso se está registrando cada tres meses. Un parto demasiado largo, coinciden todos los expertos, para una situación creciente de demanda y emergencia habitacional.
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Detectada la distancia entre la previsión y el mundo real, ya hace tiempo que se empezó a hablar sobre la modificación del reglamento. Era una cuestión de lógica aritmética política, ya que solo una joint venture entre PSC y Junts, que habían compartido su deseo de cambiar las normas de juego durante la campaña electoral, podía cambiar la reserva del 30%. Han ido pasando los meses, incluso los años (los comicios se celebraron en mayo del 2023) y no ha habido manera de sellar un pacto. En febrero, los postconvergentes compartieron su lista de reivindicaciones, pero al considerar que no han sido atendidas, han roto la negociación en varias ocasiones. Hasta el punto de que el alcalde Jaume Collboni dijo en julio –una medida de presión, más que otra cosa– que lo mejor sería archivar la discusión hasta el próximo mandato.
“Más allá de lo que se está desarrollando en la Sagrera, Glòries o los barrios de la Marina, la gente se ha marchado de Barcelona”
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A las dudas sobre el devenir del 30% se le une una oleada de cambios –o de posibles cambios– que también tienen que ver con la vivienda: límite del alquiler en zonas tensionadas, promesa de eliminar los pisos turísticos en el 2028, las recientes palabras del president Salvador Illa sobre la posibilidad de poner coto a la “compra especulativa” de pisos o el debate sobre el incremento de impuestos al inversor extranjero. Un caldo que ha impactado sobre la línea de flotación del mercado.
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Guim Costa, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Catalunya (COAC), avisa, en conversación con La Vanguardia, de una crisis de fe: “El exceso de regulación y la falta de estabilidad normativa han generado incertidumbre. Las reglas del juego cambian demasiado a menudo y esto frena la iniciativa, tanto pública como privada”. Su receta: “Hace falta un marco claro, estable y de largo plazo que permita planificar con confianza”. Comparte la “buena intención” del 30%, pero admite que el impacto “ha sido muy limitado”. “Es necesario revisarla para hacerla más efectiva, quizás combinándola con otros instrumentos, como la compra pública de suelo, la colaboración con cooperativas o modelos de cesión de uso”.
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Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya, cuenta hasta 100 antes de cada respuesta a este diario. “Más allá de lo que se está desarrollando en la Sagrera, Glòries o los barrios de la Marina, la gente se ha marchado de Barcelona. No hay ni construcción ni rehabilitación, y la Administración solo va poniendo pedazos sin trazar una estrategia global por la vivienda”. La medida, explica, ha ahuyentado a los fondos extranjeros, “pero también a los promotores locales, que, además del 30%, no se atreven a iniciar proyectos por la falta de seguridad jurídica”. Sobre PSC y Junts, mantiene la mano tendida para dialogar y confía que en enero, cuando los socialistas hayan cerrado la negociación sobre los presupuestos del 2026 con los Comuns (sea o no favorablemente) y los postconvergentes tengan candidato para las municipales del 2027, “todo sea más fácil”.
Está claro que tal y como está concebida no ha funcionado, ahora solo falta encontrar los mecanismos que mejoren la normativa”
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Apoya su escepticismo en datos recogidos por su propia organización sobre la evolución del sector. La producción de viviendas iniciadas –públicas y privadas– en 2024 toco fondo con un total de 1.151, la cifra más baja desde 2014. Pero lo más grave, a su modo de ver, es que quitando las citadas zonas en las que hay mucha promoción municipal en marcha o ya terminada, la cifra total se queda en poco más de 350. Con las ya terminadas (1.884) la comparativa global con los años anteriores no es tan sangrante pero, en su opinión, también está muy marcada por los proyectos de Glòries, Sagrera y los barrios que franquean el paseo de la Zona Franca, promociones que concentran más de mil pisos terminados.
Jordi Gálvez, presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Catalunya, comparte “el objetivo de la medida del 30% de generar más vivienda protegida”, pero, a la vista de los resultados, también comulga con la idea de que es necesario “reformarla para que sea de verdad efectiva”. “Está claro que tal y como está concebida no ha funcionado, ahora solo falta encontrar los mecanismos que mejoren la normativa”.
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BComú no comulga con la idea de modificar el 30%, ya que teme que los cambios que se puedan introducir acabarán por suavizar en exceso la medida. En el pasado se habló de aumentar la superficie mínima prevista en la reglamentación (600 metros cuadrados), de concentrar los pisos sociales en un solo edificio o de permutar la reserva de viviendas por un dinero equivalente para que el Ayuntamiento lo emplee en su propia política de pisos públicos.
Entidades como el Sindicat de Llogateres o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recuerdan que el 30% tiene también como objetivo “desincentivar operaciones especulativas agresivas que supongan la expulsión de vecinos y vecinas”. Comuns y activistas coinciden en reclamar más inspecciones para controlar el cumplimiento de la medida aprobada en el 2018.
